
La disputa por la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, coloca en el debate público la protección de los ecosistemas estratégicos del país y la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes provoquen daños ambientales.
Ante las advertencias de comunidades indígenas, pescadores y organizaciones civiles sobre los posibles impactos ecológicos y sociales del proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), el Partido Verde recordó que desde 2025 impulsa una reforma para que los delitos ambientales sean considerados graves y reciban castigos más severos.
El proyecto ha enfrentado durante más de una década la oposición de comunidades mayo-yoremes y habitantes de distintas regiones de Sinaloa, quienes han expresado preocupación por las posibles afectaciones al sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, una zona reconocida por su riqueza biológica y su importancia para diversas actividades productivas.
Diversos estudios y organizaciones ambientalistas han advertido que una eventual fuga de amoniaco podría ocasionar daños irreversibles al ecosistema y representar riesgos para miles de personas.
También han señalado que la operación de la planta tiene el potencial de afectar extensas áreas de manglar, consideradas fundamentales para la conservación de especies protegidas y para la protección natural frente a fenómenos meteorológicos extremos.
En este contexto, el Partido Verde sostuvo que los daños al medio ambiente no deben analizarse únicamente desde una perspectiva ecológica, sino también por sus consecuencias sociales y económicas para las comunidades que dependen de los recursos naturales.
La fuerza política señaló que su iniciativa busca endurecer las penas contra quienes realicen actividades que deterioren ecosistemas estratégicos o pongan en riesgo recursos naturales fundamentales para el país.
"Fortalecer el marco jurídico permitirá prevenir afectaciones como las que hoy generan preocupación en Topolobampo y garantizar una mayor protección de los ecosistemas cuya conservación resulta indispensable para el desarrollo y la seguridad ambiental de México", afirmó el Partido Verde en un comunicado.
De acuerdo con el instituto político, la reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y continúa su proceso legislativo tras su revisión en el Senado, en medio de un contexto en el que conflictos ambientales como el de Topolobampo han puesto bajo escrutinio los mecanismos de evaluación, supervisión y sanción de proyectos con potencial impacto ecológico.
Con información de: LatinUs.