Violencia feminicida en Chihuahua

La perspectiva
Rita Muciño Corro

Chihuahua, es una entidad que se ha caracterizado por mantener los más altos índices de violencia de género en el país. La desaparición y homicidio de mujeres en Ciudad Juárez a finales de los noventa, demandó una respuesta del Estado mexicano, que derivó en la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal Federal, al igual que en la creación de fiscalías para la investigación de estos acontecimientos.

En 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) registró, que el 66.3% de las mujeres chihuahuenses manifestaron haber sufrido violencia, ocupando con ello el sexto lugar a nivel nacional.

De acuerdo con información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juárez y Chihuahua, se encuentran en los lugares 1º y 7º respectivamente, dentro de los 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio. [1]

Para contener el incremento y reproducción de este problema social, el Estado mexicano diseñó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, figura que desde su creación ha sido muy controversial, ya que no ha surtido los efectos que se preveían con su configuración. Cabe destacar que Chihuahua, es uno de los pocos estados de la República, que nunca ha solicitado el procedimiento.

No obstante lo anterior, es un instrumento cuya implementación se exige, ante la ausencia de efectividad de las otras medidas contempladas en la ley. Enseguida, se plantearan algunos de los cuestionamientos entorno a esta figura.

¿Qué es la alerta de género?

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres que efectúa la Secretaría de Gobernación (SEGOB), es un mecanismo previsto en el art. 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en virtud del cual la entidad en la que se dicta, debe emprender una serie de medidas para atender el contexto de violencia feminicida o ante la presencia de un agravio comparado.

La alerta de género por violencia feminicida, tiene por objeto fijar medidas emergentes para detenerla y eliminarla, las cuales son monitoreadas por la SEGOB. La declarada por agravio comparado, se emite cuando en la normativa o políticas públicas existen disposiciones discriminatorias que generan asimetrías y obstaculizan a las mujeres el ejercicio de sus derechos.

¿Quién la solicita? y ¿quién la emite?

El mecanismo consta de 4 fases: inicio de procedimiento, implementación de las recomendaciones del grupo de trabajo, evaluación del cumplimiento y Declaratoria.

La solicitud puede ser efectuada por las organizaciones de la sociedad civil o los organismos de derechos humanos de las entidades federativas y se presenta ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, operada por el Instituto Nacional de las Mujeres.

En consecuencia, se integra un grupo de trabajo para analizar su pertinencia, mismo que efectúa una visita al lugar en donde ocurren las vulneraciones, para después emitir un informe con recomendaciones para atender la emergencia.

La entidad federativa cuenta con 6 meses para ejecutarlas, pasados los cuales el grupo de trabajo hace un dictamen sobre el grado de cumplimiento y lo manda a la SEGOB, junto con la recomendación de realizar o no la declaratoria. La decisión de emitirla, corre a cargo de la SEGOB.

¿Cuál es su propósito? y ¿qué efectos tiene?

Se trata de un mecanismo post facto, que se activa ante la necesidad no satisfecha de asegurar el derecho a una vida libre de violencia, en consecuencia, busca concentrar los esfuerzos estatales para garantizar la seguridad de las mujeres. Respecto su utilidad es importante entender, que el mecanismo no se creó para solucionar por si solo el problema de la violencia de género.

En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que, alcanzar el objetivo de la alerta implica al menos:

  • Llevar a cabo acciones para ampliar el conocimiento sobre el contexto de violencia, a través de seguimiento de indicadores y la visibilización de la misma.
  • Agilizar el diseño, implementación y evaluación de acciones de corte preventivo, así como fortalecer la investigación y procuración de justicia.
  • Atender los pendientes legislativos en la materia.
  • signar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género.
  • Incentivar la discusión y coordinación entre actores relevantes, sobre los por qué y cómo de la violencia. [2]

En cuanto al tema es relevante indicar que organizaciones de la sociedad civil han protestado por la ineficacia del citado mecanismo, lo anterior considerando que en las entidades federativas en las que se ha instaurado, no existen cifras que revelen una baja en el índice de feminicidios.

¿Por qué solicitar una alerta cuando la ley prevé medidas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género?

La violencia feminicida no es solo el resultado de un conflicto entre particulares, es producida por diversos factores que involucran al Estado, pero también a la sociedad en la que ocurre.

Esto significa que al tratarse de un problema de esta magnitud, todo actuar de las autoridades debe realizarse con sumo cuidado, de manera estratégica, con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género; lo anterior considerando que la decisión que a partir de la emergencia determine, repercutirá en más de la mitad de la población.

Asimismo, implica que el Estado se plantee la posibilidad de redefinir sus prácticas y ampliar sus conceptos, ante su fallo en el diseño de políticas públicas idóneas, la ineficacia en la implementación de las disposiciones vigentes, la impunidad, falta de acceso a la justicia y reparación del daño.

De esta manera, se demanda con mayor vehemencia a las autoridades el reconocimiento de la problemática, el incremento de recursos económicos, humanos y materiales para su estudio y atención.

¿Qué factores han impedido al mecanismo surtir los efectos esperados?

En relación a este punto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha manifestado su preocupación sobre “las barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel federal, estatal y municipal”[3].

Respecto a la fase de inicio de procedimiento, la CNDH afirma que no se ha determinado con claridad los tiempos para decidir sobre la admisibilidad de la solicitud, cuestión que da lugar a confusiones. Del mismo modo, ha hecho referencia a la existencia de irregularidades en la conformación de los grupos de trabajo, así como el incumplimiento de los plazos previstos.

En cuanto su implementación, el Organismo Autónomo advierte que el proceso deliberativo del grupo de trabajo no se encuentra regulado, por tal motivo, no hay certeza sobre cómo se efectúa.

Igualmente se observa en la etapa de declaratoria, la ausencia de criterios para definir la información que deberá contener el informe. Del mismo modo, la CNDH ha constatado que en la práctica, el grupo de trabajo no ha tenido una actuación uniforme, ya que no en todos los casos ha exhortado a la SEGOB, a decidir sobre un sentido u otro. 

Así también, en las declaratorias, no se ha observado lo previsto en el art. 23, fracción IV, de la LGAMVLV, en el sentido de designar presupuesto.

Por su parte, de un análisis hecho a la LGAMVLV y al Reglamento, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se desprende, que los supuestos establecidos en ambos no son coincidentes con la lógica de emergencia, por tanto se sugiere reformular los instrumentos e incluso, señalar “hipótesis concretas sobre cuáles han de considerarse como situaciones o circunstancias que constituyen “formas extremas de violencia de género”[4].

[1] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Información sobre violencia contra mujeres”, marzo 2019, página 22.

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, 2017.

[3] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México”, 25 de julio de 2018, párrafo 23, inciso e).

[4] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Análisis Buenas Prácticas del Mecanismo de Declaratoria de Alerta de Género en contra de las Mujeres”, página 41.

 

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