Peniche niega omisiones en caso Breach

Chihuahua, México (04 septiembre 2019).- La Fiscalía General de Chihuahua rechazó que la investigación que realizó sobre el asesinato de la comunicadora Miroslava Breach, haya dejado pistas sin indagar y pruebas ignoradas, como acusó el Colectivo 23 de Marzo en un trabajo periodístico.

"No se dejó de analizar cada documento ni cada testimonio. Siempre se aprovechó cualquier dato útil para la investigación que guardara relación con el hecho y que constituyera un dato de prueba", comentó a REFORMA el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche.

"Todo el material disponible y conducente se utilizó para realizar la imputación. No hay ningún dato o evidencia que no se hubiese analizado".

El Colectivo, integrado por periodistas mexicanos, realizó en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), una investigación en la que enlistó lo que consideró diversas irregularidades en torno al caso de la periodista asesinada el 23 de marzo de 2017.

Peniche comentó que en el trabajo periodístico se reconoce que hubo una investigación y que se logró identificar a los principales participantes del hecho.

El Colectivo aseveró que a dos años después del asesinato, la investigación de las autoridades locales y federales ha dejado muchos cabos sueltos y ninguna ha establecido un vínculo entre el asesinato y los grupos criminales o políticos, a pesar de las indagaciones de Miroslava sobre el tema y a pesar de las amenazas que recibía de parte de ellos y que sólo ha sido detenido Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado "El Larry".

"Desde nuestra perspectiva, se logró establecer en la investigación el motivo de la agresión, vinculado a los señalamientos del trabajo periodístico de Miroslava en torno a la intervención del narco en la imposición de autoridades municipales. La pertenencia del actualmente detenido a un grupo delincuencial es parte de la imputación", consideró Peniche.

La orden de captura de los responsables, agregó, se obtuvo en el mes de mayo de 2017, apenas dos meses después de ocurrido el hecho.

"El tiempo transcurrido entre la orden de aprehensión y la captura de "El Larry" fue el tiempo en el cual se llevaron a cabo tareas de inteligencia con la Federación para lograr la captura. En este lapso, cuando menos en dos ocasiones se intentó la captura sin lograr el objetivo", puntualizó Peniche.

"El Larry es una pieza importante en la organización de los Salazar. En nuestra investigación resulta ser el operador de Los Salazar y quien tenía a su cargo el control de varias actividades desde Navojoa hasta Chínipas. Es además una persona que creció en el seno familiar de los Salazar", explicó el Fiscal.

El Colectivo expuso que a pesar de su apariencia ejemplar, la investigación oficial, iniciada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua y continuada por la entonces Procuraduría General de la República desde 2018, no logra ocultar sus carencias.

"Hay indicios y pruebas que nunca fueron tenidas en cuenta durante la investigación, políticos que no fueron interrogados adecuadamente, personas que pudieron haber tenido algún grado de implicación en los hechos y a quienes, sin embargo, fueron considerados solamente como testigos y se les protegió la identidad, así como irregularidades en la escena del crimen y elementos de prueba contradictorios", afirmó el Colectivo.

"La aseveración de que hubo indicios y pruebas que nunca fueron tenidas en cuenta no es correcta. Todos los datos de prueba fueron articulados y empleados para lograr las órdenes de aprehensión", declaró a su vez Peniche.

En la investigación del grupo de periodistas, se indicó que horas después del homicidio, la Policía anunció un primer hallazgo: una cartulina tirada a algunos metros de la camioneta que presuntamente revelaba la identidad del autor intelectual del crimen.

"La Policía jamás "anunció" el hallazgo de una cartulina. Ese dato fue filtrado por los medios de comunicación. En consecuencia, la Fiscalía nunca dio conclusiones anticipadas sobre el hallazgo de dicho material ni sobre la autoría del crimen", aseveró el Fiscal General.

"Falso es que hubiesen existido tres versiones oficiales sobre el caso en las primeras 48 horas. Tampoco hubo un 'mensaje' que cambiara y si este existió sólo pudo haber sido en la actividad mediática, no en la versión oficial".

Peniche dijo desconocer el sustento del Colectivo para afirmar que no había sido mantenida debidamente la cadena de custodia de dicho mensaje.

"Nada más ajeno a la realidad. Esta evidencia fue procesada por los servicios periciales y resguardada de acuerdo a los estándares exigidos por la ley", refirió.

A partir de este primer indicio, describió el Colectivo, las incongruencias se comenzaron a acumular.

"Por ejemplo, la presencia del Gobernador Corral tres días después del asesinato en el domicilio de uno de los cómplices, Jaciel Vega Villa, durante el cateo de la Policía. Algunos meses después, hablando en el micrófono de un programa de radio, Corral casualmente reconoció haber estado presente en el lugar de la investigación", relató el grupo de comunicadores.

El Fiscal recalcó que el Gobernador instruyó una investigación apegada a derecho y puntualmente dio seguimiento a los trabajos.

"La presencia de Javier Corral como observador en el domicilio donde se llevó a cabo el cateo y en el que se logró hallar y asegurar el vehículo usado para trasladar al ejecutor, no debe ser motivo de especulación", consideró Peniche.

"Su presencia habla de su preocupación y compromiso con el caso", añadió.

En el cateo de la casa del presunto cómplice fue hallada una computadora personal y dos grabaciones de audio.

"Ambas corresponden a conversaciones telefónicas durante las cuales un hombre interroga insistentemente a Miroslava Breach y otra colega que había publicado la misma denuncia. Su objetivo era obtener las identidades de las fuentes la investigación de su historia acerca de candidatos "narco-políticos" en las elecciones municipales -particularmente el candidato auspiciado por Los Salazares en el Municipio de Chínipas.

"Durante la llamada, Breach se rehusó categóricamente a entregar esta información, yendo tan lejos como hablarle de su par de 'ovarios', desafiando con ironía al hombre del otro lado del teléfono. 'El silencio es complicidad', le espetó ella", detalló el Colectivo en su investigación.

El grupo recordó que el hombre que interrogaba a Miroslava era Alfredo Piñera Guevara, portavoz estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

"El vocero reenvió esas grabaciones ilegales a otro político local, a quien Miroslava Breach luego denunció por sus probables vínculos con el crimen organizado: el entonces Alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz. Ante la justicia, éste explicó que con la grabación buscaba demostrarle a Los Salazares que no era responsable de la fuga de información, así evitando represalias. Sin embargo, al entregar esa grabación a gente de 'El Larry', en la práctica condenó a muerte a la periodista", consideró el Colectivo 23 de Marzo.

Al respecto, el Fiscal Peniche explicó que la existencia de la grabación encontrada en el cateo fue presentada por la Fiscalía al formular la imputación.

"Fue la propia Fiscalía del Estado quien narró el contenido, describió a quienes participaron en la conversación y explicó su relevancia para establecer la causalidad de la agresión. Esto fue en audiencia pública y por lo tanto, da muestra de la claridad y la objetividad de la investigación del Ministerio Público. Su alcance como dato de prueba lo determina la propia ley", anotó.

El Fiscal mencionó que la Fiscalía siempre ha insistido en la necesidad de que se integre la carpeta por delincuencia organizada, en la que se investigue formalmente para acreditar al autor intelectual y partícipe, entre otros, de delito de delincuencia organizada.

"Es desde luego una derivación del caso que requiere la intervención de la SEIDO", agregó Peniche.

En el documento del Colectivo, también se reveló que Jaciel Vega Villa, como identificó al conductor del presunto asesino, está prófugo.

"Un alto funcionario estatal confirmó versiones de prensa de que el joven fue interrogado por las autoridades algunos días después del asesinato, sin ser inculpado, justificándose que la identidad del sospechoso no se conocía entonces. Sin embargo, el funcionario se corrigió posteriormente, aduciendo que se había equivocado, cuando el Fiscal estatal rechazó tajantemente que hubieran tenido a Vega en custodia. Desde entonces, dos testigos confirmaron a este colectivo que en efecto Vega fue interrogado y otros señalan que está escondido en Chínipas. Sigue prófugo hasta hoy", aseguró el Colectivo.

El Fiscal Peniche rechazó las aseveraciones del Colectivo al respecto.

"De manera categórica se niega la afirmación de que el partícipe del hecho ya identificado, JVV (como se refirió a él), hoy prófugo, hubiese sido declarado, citado o que hubiese sido presentado ante el Ministerio Publico o la Fiscalía", afirmó Peniche.

"Falso es también la existencia de "dos testigos" que pudieran confirmar que este sujeto fue "interrogado". En cambio, la Fiscalía cuenta con datos que permitieron identificar a este sujeto como partícipe del homicidio, algunos de ellos surgidos a partir del cateo realizado apenas unos días después de la agresión a Miroslava y desde entonces se supondría que dicho sujeto se fue a la sierra de donde es originario", añadió Peniche.

El funcionario estatal resaltó que la FGE obtuvo el testimonio de diversas personas y algunas de ellas constituyeron los datos de prueba para imputar a los sujetos identificados el delito.

"El análisis de los datos de telefonía, contrario a lo sostenido por el colectivo, es lo que permitió entre otros datos, identificar a los responsables y hacer un enlace lógico y cronológico de los hechos", aseguró.

En su investigación, el Colectivo apuntó que el Fiscal General del Estado decidió no responder a una solicitud de entrevista con sus integrantes.

"La Fiscalía General del Estado tiene por directriz atender las solicitudes de entrevista y atender a las organizaciones. Hemos atendido a una gran cantidad de medios en torno a este tema, así como a organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, desconocemos la mecánica o medio para haber solicitado una entrevista y lamentamos no haber tenido la oportunidad de aportar datos a su reportaje", dijo el funcionario.

"Es nuestro interés institucional que se dé a conocer la veracidad sobre la investigación en el caso Miroslava y que al final del camino, prevalezca la justicia y se sancione a los responsables de la agresión que cobró la vida de la periodista chihuahuense".