Marco electoral y su adecuación (2a. parte)

En mi colaboración anterior enumeré algunos aspectos del marco electoral vigente que más han perfilado discusiones en torno a la necesidad de adecuarlos a la realidad política y social del México actual en cuanto a su pertinencia, viabilidad y efectividad para cumplir con las expectativas y exigencias de los diferentes sectores de la Sociedad para el ejercicio de una plena participación democrática y una mejor y más accesible regulación de los procesos electorales por cuanto a su transparencia, imparcialidad y eficacia.

Veamos de manera muy esquemática y al margen de las polémicas de los expertos en materia electoral, algunas de ellas:

1. Las Candidaturas independientes y la modificación de requisitos y accesibilidad para su  registro y participación en procesos electorales.

Recordemos que las candidaturas independientes también conocidas como     Candidaturas  ciudadanas son la figura garantizada por la constitución en sus artículos 35, fracción    II       Y 116 a partir de la reforma de ley de 2012, que permite a las personas postularse como ciudadanos a un cargo de elección popular; sea federal, estatal o municipal, sin necesidad de estar afiliados o ser postulados por ningún partido político registrado.

Esta figura es atractiva y cada vez más usual electoralmente, entre otras razones por su desvinculación partidista y la innegable crisis de credibilidad y desgaste acumulado de los Partidos Políticos; la ineficiencia y corrupción asociadas al desempeño de los funcionarios en sus cargos de elección popular; y el creciente número de asociaciones y grupos de participación social y política en nuestro país.

Sin duda los Partidos Políticos siguen siendo fundamentales, con el carácter que la Constitución les otorga, como medio principal para que los ciudadanos puedan formar parte de las estructuras de poder público en los cargos de elección popular; pero las candidaturas independientes han acreditado ser una vía alterna de participación y competencia electoral en nuestro Sistema Democrático, para sacudir la rigidez y elitismo de los aparatos burocráticos partidistas, así como ampliar el abanico de representación para los electores.

En este aspecto un fuerte clamor de ciudadanos y organizaciones es que modifiquen los requisitos para el registro de estas candidaturas para hacerlos más accesibles y menos difíciles de cumplir; es el caso (v.g) del porcentaje de firmas de apoyo para registro de candidatos con relación a la lista nominal de electores, que debiera reducirse del 2% al 1% en todos los casos; así como la distribución de firmas que en el caso de senadores debiera reducirse de la mitad de los distritos a la 3ª parte, sin porcentaje mínimo para cada uno de ellos y en el caso de Diputados Federales de la mitad de las secciones electorales a la tercera parte de las mismas, también sin porcentaje mínimo de firmas en cada una de ellas. De igual manera bajar porcentajes para registro a nivel de Diputados Locales y ayuntamientos.

Igualmente que se modifiquen las condiciones para el acceso a financiamiento privado y mayor equidad en el acceso a financiamiento público con relación a los candidatos de partidos, y de igual manera mayor equidad en la asignación de tiempos y espacios en medios para los candidatos independientes.

1. Hay dos aspectos que en el momento presente vuelven a ser temas de debate e imputaciones reales o supuestas entre los actores políticos y en el debate legislativo, como son: La Burocracia electoral y el presupuesto del INE y otro el de los procedimientos de elección y duración en el cargo del Presidente y miembros del Consejo General del INE.

Vale la pena comentar y plantear algunas interrogantes que sin duda son del interés ciudadano al margen de partidarismos y acusaciones mutuas de los actores en este debate:

• La Cámara de Diputados Federal al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación redujo el presupuesto  solicitado por el INE en mil 71.5 millones de pesos. Dicho recorte equivale a menos del 9% de lo que solicitó presupuestalmente el propio Instituto. Al respecto es sabido que todas las dependencias oficiales y autónomas prevén que entre lo que solicitan y lo que se autoriza por el Legislativo siempre hay variaciones (y reducciones) por lo que generalmente solicitan arriba de lo estrictamente necesario.

Esto generó que en la discusión pública los Consejeros y el Presidente del INE se inconformaran con esta decisión legislativa y acusaran que en la Cámara de Diputados hay intereses que buscan controlar políticamente a la autoridad electoral y que “no se perfilan buenos tiempos para la democracia en México;” afirmando en voz del Consejero Presidente que a pesar del recorte el INE “seguirá brindando servicios de calidad como garante de elecciones limpias, pero que habrá programas que tendrán que posponerse; y remata afirmando como verdad de perogrullo que “el INE es de las y los ciudadanos Y ¡no les vamos a transferir una decisión tomada por las y los diputados!” Aquí, habría que recordarles a todos los disputantes que, sin duda, el INE es de todos los ciudadanos y que NO ES ni de los funcionarios de gobierno o legisladores, pero que TAMPOCO ES de los funcionarios de la Burocracia Electoral.

Cabría plantear una entre otras interrogantes: ¿al quejarse de la reducción al presupuesto del INE para 2020 ya que “afectará programas importantes” de ese Instituto, porqué no plantea una revisión interna para que se hagan economías bajando voluntariamente los altísimos emolumentos y compensaciones no solo de los integrantes del Consejo General sino de todos los funcionarios de confianza de primeros niveles en la burocracia administrativa del INE, y cancelando gastos onerosos y no indispensables en rentas, viáticos, gastos de representación, etc.?

¿Si el Consejero Presidente del INE, deja claro que no se verá afectada “la CAPACIDAD DECISIONAL” de los Consejeros, que necesidad de alejarse de su calidad de árbitro electoral para asumir la calidad de actor en la arena de la contienda política?

En el aspecto de los procedimientos de elección e integración del Consejo Electoral del INE (tanto para Consejero Presidente como para Consejeros Electorales), también ha surgido la discusión y acaba de hacerse público que un grupo de legisladores registró una iniciativa de reforma constitucional que plantea modificaciones al INE, la principal de las cuales se refiere a la Presidencia del Consejo, pretendiendo hacerla rotativa cada 3 años en lugar depermanente como es ahora, y que el cambio de Presidente del INE se lleve a cabo por primera ocasión en la próxima designación de 4 Consejeros Electorales, que asumirán su cargo en abril de 2020.

Los mismos medios nacionales que dan la información precisan que esta supuesta iniciativa es de un grupo de diputados federales de 4 fracciones parlamentarias pero que no representan la posición oficial de dichos grupos, ni tienen consenso en la fracción mayoritaria de la Cámara, ni a nivel de sus coordinadores.

Esta noticia confirma los enconos entre actores y grupos políticos que lamentablemente han involucrado al INE en sus antagonismos.

Aunque la iniciativa referida es censurable e inaceptable por su intencionalidad y porque afectaría la autonomía del INE como Institución fundamental para el Sistema Democrático Mexicano y es muy difícil que pudiera prosperar, habría que destacar que ningún contendiente político va al problema de origen que mantiene contaminada hasta la fecha la situación no de autonomía de la Institución sino de independencia total de los consejeros en cuanto a compromisos e identificación con grupos o tendencias de tipo político o ideológico, que afecten en parte la imparcialidad de su desempeño, sin que esto signifique ni falta de responsabilidad profesional ni ética.

Ese problema de origen está en la forma de selección de aspirantes a los cargos de consejeros para integrar las propuestas que las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados “acuerdan” para presentar a votación del pleno de la Cámara y sean aprobados por las dos terceras partes de la plenaria. Para ello esas propuestas se seleccionarán previo registro de aspirantes y la realización “de una amplia consulta a la sociedad.”

Lo cierto está en que es la cúpula de la Cámara que integra los miembros de la “Junta de Coordinación política” la que integra una propuesta “de consenso” entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias (que representan a sus respectivos partidos). Con este eufemismo se disfraza la realidad:

Si hubiera voluntad de los partidos y sus fracciones parlamentarias sería relativamente fácil cambiar los procedimientos de selección de propuestas y elección entre las mismas.

El procedimiento existe y ha probado su viabilidad y funcionalidad en la integración del personal de casillas electorales y es la “insaculación de ciudadanos” que con las debidas adaptaciones permitiría que la integración de propuestas al pleno de la Cámara para su elección fuera no por “cuotas” (de hecho, aunque disfrazadas de consensos) sino por perfiles de capacidad, honestidad probada, experiencia y dominio de la materia electoral, provenientes de la sociedad; que de esa manera no deberían su “selección” a ningún interés o afinidad partidistao de grupo político.

Por otra parte ninguna reforma que modifique la forma de integración del Consejo General del INE debe ser para su aplicación inmediata pues implicará sesgo y dedicatoria, si no para su aplicación gradual y futura.

1. Hay mucha materia de discusión y análisis en todos los aspectos que debiera tocar una Reforma de Adecuación del Marco Electoral. Creo pertinente comentar en siguiente colaboración el tema de la “Relección Continua de Legisladores Federales, Locales y Ayuntamientos” y sus implicaciones en la vida democrática de México al presente y futuro.