Cerca de 200 mujeres chihuahuenses, entre ellas funcionarias del Gobierno del Estado firmaron un desplegado para pronunciarse por el derecho a la verdad y la sanción a las personas responsables del saqueo al Estado de Chihuahua.
Asimismo, rechazaron las acusaciones por supuesta violencia política en razón de género contra la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, quien enfrenta dos investigaciones en su contra.
Entre las firmantes se encuentra la presidenta del DIF Estatal, Cinthia Chavira; Alejandra de la Vega, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, así como la ex consejera de la Judicatura, Luz Estela "Lucha" Castro.
A continuación, se reproduce el mensaje íntegro que se incluye en el desplegado:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Las abajo firmantes, MUJERES CHIHUAHUENSES
Compartimos nuestra posición política sobre el DERECHO A LA VERDAD y la sanción a las personas responsables del saqueo al estado Chihuahua.
Comprometidas con las causas de la igualdad en nuestro estado y nuestro país, declaramos lo siguiente:
Hemos conquistado en la memoria histórica de nuestra comunidad como quehacer fundamental la erradicación de la violencia de género que no riñe con el combate a la corrupción.
Hemos trabajado de manera activa por generar las condiciones que permitan la igualdad entre mujeres y hombres, que busquen de manera equitativa alcanzar los bienes materiales y espirituales que permitan desarrollar el bien común para todas las y los mexicanos y la no discriminación.
Consideramos indispensable que las mujeres participemos en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales del más alto nivel, para ser debidamente representadas y llevar una agenda de mujeres y de género que amplíe el marco de oportunidades en igualdad.
Por todo lo anterior y a la luz de las recientes declaraciones de María Eugenia Campos Galván, alcaldesa con licencia de la ciudad de Chihuahua y algunos de sus colaboradores cercanos, RECHAZAMOS las acusaciones por supuesta violencia política en razón de género contra su persona. Hemos analizado cada una de las declaraciones y acciones a las que hace referencia y encontramos que ellas obedecen estrictamente a procesos abiertos y documentados por actos de corrupción.
El deber con la justicia y con la verdad que tenemos todas las personas cuando vivimos en sociedad no es discriminación política. Se entiende por DISCRIMINACION POLITICA una situación en que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios sociales, conforme lo señala la CEDAW.
Serán los jueces quienes determinen la responsabilidad que resulte de las acciones presuntamente realizadas por María Eugenia Campos, como ocurre con cualquier otra persona investigada por hechos de corrupción.
Su denuncia de violencia política de género no sólo es falsa, no sólo es una táctica política sin la mínima ética, sino un atentado a la auténtica lucha de las mujeres contra la violencia y la discriminación.
Por ello EXHORTAMOS a que se deje de utilizar el concepto de VIOLENCIA POLITICA EN RAZÓN DE GÉNERO de manera EQUIVOCADA, confundiendo a la opinión pública y ofendiendo el movimiento histórico de mujeres, gracias al cual, hoy gozamos de mayor igualdad, libertad y visibilización. Este intento de lucrar personal y políticamente con el trabajo de décadas de mujeres que dieron su vida por nosotras y por el reconocimiento efectivo de nuestros derechos, debe parar de inmediato. No podemos permitirlo.
Sancionar La violencia política contra las mujeres es una importante conquista, que no debe ser denigrada para encubrir y evadir la acción de la justicia.