El oscuro historial de García Cabeza de Vaca y las acusaciones de la FGR

El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se encuentra en medio del ojo del huracán. Por si fuera poco el escándalo en el que se han visto involucrados algunos elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas (GOPES, los cuales les reportan directamente al gobernador) debido a que estarían involucrados en la matanza de 19 personas en el municipio de Camargo, el mandatario estatal ahora enfrenta serias acusaciones.

Y es que este martes 23 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de García Cabeza de Vaca, por su probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Entre las acusaciones en contra del gobernador panista figuran la imputación derivada de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada tras la denuncia de Emilio Lozoya el 11 de agosto pasado, toda vez que el exdirector de Pemex acusó a varios políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios cantidades para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht. Dijo también que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos.

También, por este caso ya fue citado a comparecer para la imputación de cargos el exsenador panista de la República Jorge Luis Lavalle Maury, quien podría ser imputado de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estaría presuntamente implicado en la triangulación de 42 millones de pesos con una empresa sospechosa para el gobierno de Estados Unidos.

Los señalamientos derivan de una denuncia realizada en meses pasados por particulares, sobre un presunto enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, así lo precisaron fuentes de Morena en la Cámara de Diputados.

La UIF y la FGR acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le dejaron al panista ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

A su vez, esta empresa habría recibido los recursos de la compañía RC, cuyos socios son declarados sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.

Por conducto de Elizabeth Alcántar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda -entre otros servidores-, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de Morena, quien difundió el oficio en su cuenta de Twitter.

El gobernador tamaulipeco respondió a través de la misma red social: “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la petición de desafuero del gobernador de Tamaulipas está plenamente sustentado con pruebas y aseguró que no se trata de ninguna venganza política.

“La ventaja es su claridad. Estamos presentando todas las pruebas, todo el Congreso va a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe total apego a la Ley. No va a haber ninguna falta de transparencia, no puede darse ninguna venganza política. El juicio va a ser público con todas las pruebas de los que denunciaron, las pruebas y lo que se propone ante el Congreso. Esto va a tener una visión clarísima de todas las pruebas”, aseveró.

Por su parte, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no se trata de ninguna persecución política.

“Yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse que no somos tapadera de nadie.. La instrucción que tienen los servidores públicos es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía General de la República es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”, puntualizó.

Sus presuntos vínculos con el narco

No es la primera vez que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es acusado de algún delito. En agosto de 2020, se supo que el mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional, era investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.

Según esa acusación, el gobernador se habría favorecido de presuntas ganancias del crimen organizado, por lo que se señaló, existían evidencias (telefónicas) que se encuentra en poder de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y la Unidad de Inteligencia Financiera, que contribuyó con pruebas contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y defraudación fiscal.

La investigación incluye al círculo familiar más cercano del panista, quien también ha fungido como alcalde, diputado federal, local, senador y funcionario del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

El pasado 11 de julio, la FGR turnó a la SEIDO el caso de corrupción, para la apertura de una carpeta de investigación. Esta indagatoria se suma a las denuncias del morenista, Alejandro Díaz Durán, quien acusó a García Cabeza de Vaca de tener vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Con información de Infobae