La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados comisionó para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Fiscalía General de la República, Profeco y Petróleos Mexicanos (Pemex) investiguen a una red de empresas importadoras, personas físicas, transportistas y gasolineras que introducen combustibles de contrabando al país procedente de Estados Unidos.
La denuncia fue hecha por el diputado por Morena, Ricardo Francisco Exsome Zapata, quien señala que el esquema usado para introducir el producto al país “resulta en una preocupante omisión y evasión fiscal planificada y dolosa” que puede alcanzar los 500 millones de pesos diarios.
La denuncia fue formulada a los integrantes de el pasado 10 de febrero para que conozcan el modus operandi de esta red de huachicoleros fiscales y se tomen las acciones correspondientes desde. Se trata de un problema que afecta “seriamente los intereses de la nación y la libre competencia en los servicios petrolíferos de México”, añade
En la denuncia, el legislador explica que “el contrabando de combustibles y la adquisición de huachicol por proveedores nacionales, ha sido posible por la complicidad de las autoridades aduaneras que permiten estos actos, la Policía Federal y Estatal que permiten el tránsito de los auto-tanques y pipas del combustible que no cumplen con las normas de seguridad respectivas, la facilidad de los permisos otorgados por la CRE, así como de la Profeco que ha sido omisa en denunciar los precios públicos por debajo del costo de adquisición del producto nacional (PEMEX) y el importado legalmente, y ha puesto en riesgo al consumidor del producto”.
La denuncia tiene como origen una investigación hecha por particulares del sector y presentada de manera “anónima” al legislador, que la justifica porque “cualquier denuncia personal los pondría en grave riesgo, por tratarse de actos propios de la delincuencia organizada, que representan millonarias ganancias para muchos cómplices e interesados en mantener el contrabando de hidrocarburos”.
Los importadores presentan documentos apócrifos, pedimentos sin certificar, el incumplimiento de las obligaciones fiscales, gastos y compras de inventarios que no corresponden a los ingresos, entre otras irregularidades.
“Se exige a las autoridades en el ámbito de su competencia, procedan a la investigación inmediata de las empresas denunciadas por encontrarse implicadas en actos de contrabando y evasión de impuestos federales qua afectan la competitividad y ponen en grave riesgo la seguridad de la población y el medio ambiente”, demanda.
La investigación involucra páginas electrónicas de cientos de gasolineras que participan en este mercado negro y las que venden litros de combustibles hasta tres presos por debajo del mercado.
Con información de La Prensa