El Consejero de la Judicatura, Jorge Alberto Espinoza Cortés, aseguró que la pretensión del Presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios federales en la Controversia Constitucional es buscar un amparo para que no se les juzgue por presuntos delitos de pudieran haber cometido.
Sobre la Controversia Constitucional y su ampliación, comentó el Consejero Jurídico “Sin duda es el temor, ahora si el que la debe la teme y seguramente le están temiendo a que sean investigados, a que sean juzgados por eso pretenden blindarse y protegerse”, dijo.
Aclaró que estas acciones jurídicas del gobierno de Enrique Peña Nieto “pretenden que la Suprema Corte les dé un tipo amparo, técnicamente sería un amparo para que no puedan ser investigados o juzgado no sólo en Chihuahua sino en cualquier entidad federativa donde hayan cometido algún tipo de ilícito”.
Aclaró que tanto Enrique Peña Nieto como los funcionarios federales buscan la protección de la justicia federal para tener impunidad, “protección a futuro para no ser investigados y juzgados por delitos que pudieran haber cometido, no sólo en Chihuahua sino en cualquier otro estado”.
Mientras Andrés Manuel López Obrador insistió que el huachicol se había erradicado, los datos más recientes del gobierno de la 4T cuentan una historia muy diferente.
Son cerca de 70 millones de litros asegurados en solo nueve meses del actual gobierno de Claudia Sheinbaum, que comparados con los 50 millones incautados en todo el sexenio de AMLO, muestra que el delito nunca desapareció, sino que va en aumento.
Esto ya no sólo genera especulaciones ante la inacción o simulación, sino que podría estarse preparando un nuevo negocio de corrupción tras los más de cien carro-tanques de huachicol que se movían por el país, y la refinería clandestina en Veracruz.
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