Calculan en USD 250 millones “la punta del iceberg” de nuevas confiscaciones por Ortega y Murillo
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), calcula que las ilegales confiscaciones de bienes efectuadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, tienen un costo de -al menos- USD 250 millones los que tendrán que pagar los ciudadanos, al constituirse en deuda pública.
El proceso, que los investigadores Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Quintero denominan “la Nueva Piñata Ortega-Murillo” (en referencia a la apropiación de bienes efectuada por personeros del régimen entre febrero y abril de 1990, durante el período de transición presidencial, luego de las elecciones de ese año), se intensificó a partir del destierro de los 222 presos políticos, y la desnacionalización de 94 ciudadanos que le seguiría poco después.
Si el costo de aquel proceso de apropiación indebida se calcula en “USD 2000 millones… por medio de Bonos de Pagos por Indemnización (BPI) que fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998”, los autores del texto admiten que el cálculo de USD 250 millones para esta Nueva Piñata es muy preliminar, dada la falta de información disponible, tanto por la opacidad del régimen, como del temor de los afectados.
El Observatorio “pretende alertar sobre la deuda pública que se está generando como resultado de la apropiación ilegal de dichos activos por parte del Gobierno nicaragüense. Este primer ejercicio de cuantificación arroja una suma de más de 250 millones de dólares... al ser un número inicial, calculado a partir de la escasa información disponible, debe ser visto como un punto de partida para una deuda ingente que crece todos los días, y que todos los nicaragüenses deberán pagar en un futuro. Estos más de 250 millones de dólares, son la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo”.
Para lograr esa cuantificación, Miranda y Quintero dividieron a los afectados en siete categorías: los ciudadanos desnacionalizados; las organizaciones no gubernamentales; los empresarios y cámaras empresariales; las universidades, la Iglesia católica, los medios de comunicación, y las embajadas y oficinas diplomáticas.
Los ciudadanos desnacionalizados
El 9 de febrero del año pasado, 222 ciudadanos, hasta entonces presos políticos, fueron embarcados en un avión con rumbo a Estados Unidos. Al llegar, recibieron la sorpresa de que les habían quitado su nacionalidad, y confiscado sus bienes. También anularon las pensiones de los mayores de edad y les congelaron sus cuentas bancarias. Seis días después, el régimen declaró en apatridia a otros 95 opositores, y también los confiscó.
Una pequeña muestra (37 de ellos, o sea el 11.7%) de los 317 afectados, dijo haber perdido un total conjunto de 78 propiedades, entre viviendas personales, inmuebles vacacionales, terrenos, fincas y módulos comerciales, valoradas en USD 17.2 millones. La mayoría de ellas (75%) estaban ubicadas en Managua, además de Masaya, Carazo, León, y Granada.
Si bien, menos del 9% de los inmuebles reportados ya pasaron a propiedad del Estado (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS; el Instituto Tecnológico Nacional, INATEC; y el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, Procompetencia), también se reporta la presencia de agentes policiales y civiles dentro de los inmuebles ejerciendo una ocupación de facto, aunque otra propiedades permanecen cerradas con candado.
Uno de los casos que destaca la investigación, es el Hotel Casablanca, ubicado en San Juan del Sur, propiedad de Rafaela Cerda (93), madre del exmagistrado Rafael Solís. El inmueble fue invadido por la Policía el 29 de enero de 2024, “y saquearon lo que encontraron adentro”, pese a que Solís “no era socio, ni tenía ninguna acción en el Hotel Casablanca”. Un terreno aledaño, donde funciona la empresa de alquiler de autos Alamo, también fue confiscado.
Otro caso es la confiscación del condominio denominado Farallón de Sotavento, construido en San Juan del Sur en 2007 por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos, valorada en 2.2 millones de dólares, en el cuál varios de los propietarios actuales que fueron confiscados nunca fueron desnacionalizados.
Casi 3500 organizaciones no gubernamentales
Los datos consultados por el OPTA indican que, “hasta abril de 2024, el Gobierno ha clausurado 3494 ONG en Nicaragua”, de las que 23% trabajaban temas educativos, 13.5% gobernabilidad, 13% salud, 11.2% derechos humanos, 11% desarrollo, entre otros rubros. Aunque no todas fueron confiscadas, los investigadores confirmaron que a 30 oenegés les arrebataron 41 propiedades, (edificios de oficinas, sedes departamentales, fincas de investigación y emprendimientos), por un valor aproximado de USD 8.4 millones.
“Al margen de las confiscaciones de inmuebles, el cierre de ONG fue un duro golpe económico para los nicaragüenses. De acuerdo a un análisis de libros contables de 600 ONG confiscadas realizado por el investigador Manuel Orozco, el país dejó de percibir en materia de donaciones USD 580.5 millones de dólares, y al menos 22 478 personas quedaron desempleadas”, refiere el reporte.
El sector privado
“Los empresarios, otrora aliados del régimen Ortega-Murillo, también han sufrido los embates de las confiscaciones. Las afectaciones van desde bienes inmuebles a título personal, empresas y cámaras empresariales. En marzo de 2023, el régimen sandinista decapitó al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y confiscó la casa sede de la patronal, ubicada en el residencial Las Colinas, en Managua”, explica el documento.
Lo siguiente fue una cacería indiscriminada en contra de sus antiguos aliados y sus cámaras empresariales de tal forma que, “hasta abril de 2024, han sido cerradas 35 cámaras y asociaciones empresariales. El OPTA conversó con varias fuentes del sector privado para la realización de esta investigación y todas coincidieron que aún trabajan… para determinar y cuantificar el alcance de sus bienes confiscados”.
Los empresarios han denunciado la existencia de un sistema de extorsiones por parte del Gobierno, lo que incluye un expolio dirigido por una red de gestores tributarios en la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y las alcaldías, o la apropiación de acciones de las empresas, como le ocurrió a la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), que perdió un frigorífico de su propiedad, que operaba en el aeropuerto internacional ‘Augusto C. Sandino’, en Managua.
Las universidades
El 13 de diciembre de 2021 el régimen Ortega-Murillo inició una cacería contra diversas universidades a nivel nacional, cancelando las personerías jurídicas y confiscando los bienes de una treintena de ellas, comenzando por la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), que era propiedad del empresario sandinista Leonardo Torres. Su cierre afectó a unos 4000 estudiantes.
Le seguirían en los siguientes centros de prestigio como la Universidad Centroamericana (UCA), y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), propietarias de un patrimonio de más de 50 y 30 millones de dólares, respectivamente.
La respuesta del régimen fue crear nuevas universidades a partir de las que estaba cerrando, aunque en muchos casos, el alumnado le dio la espalda a esas ofertas educativas, por considerar que serían más centros de adoctrinamiento, que altas casas de estudios superiores como ocurrió, por ejemplo, al querer sustituir a la Universidad Centroamericana, por la “Casimiro Sotelo”.
La Iglesia católica
Según el Informe sobre la Nueva Piñata, “el régimen Ortega-Murillo ha confiscado 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas de la Iglesia católica”, lo que incluye propiedades tan disímiles como el convento de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, (León); una casa pastoral en San Pedro del Norte, (Chinandega), o la Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
También fue confiscada la residencia Villa Carmen, donde vivían los sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la UCA; el hogar de ancianos de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, (Granada); un colegio de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac (Yalí, Jinotega), y el monasterio de las monjas trapenses (San Pedro de Lóvago, Chontales); o la Radio María.
“No tengo idea si hay una estimación, pero la cantidad debe ser enorme, pues no solo han congelado las cuentas de la Conferencia Episcopal y de las parroquias, sino que se han apoderado de propiedades e instituciones de la Iglesia y de cuentas bancarias de algunos sacerdotes”, dijo al OPTA una fuente ligada a la alta jerarquía católica.
Medios de comunicación
La confiscación de medios de comunicación comenzó en diciembre de 2018, con el Diario Digital Confidencial, (en donde se instaló una supuesta casa materna del Ministerio de Salud), y el canal 100% Noticias. En mayo de 2021, una segunda redacción de Confidencial fue asaltada por la Policía y robados todos sus equipos, a lo que le seguiría la confiscación de las instalaciones del Diario La Prensa valoradas en más de 20 millones de dólares, el 13 de agosto de 2021. En agosto de 2022, el régimen canceló la licencia a Radio Darío en León. La Radio Vos, de perfil feminista y comunitario, fue confiscada el 6 de septiembre de 2022.
Embajadas y oficinas diplomáticas
Si el mundillo diplomático se escandalizó por la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de invadir la embajada mexicana en Quito, cabe recordar que Daniel Ortega lo había hecho mucho antes, cuando invadió y confiscó la embajada de Taiwán, y las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), ambas en Managua.
En el caso de Taiwán, la dictadura decidió que todos los bienes que pertenecían a la representación diplomática de esa isla pasarían “con absoluta e irrestricta propiedad de dominio” a China, después del restablecimiento de las relaciones con la nación asiática. Taiwán protestó por esa decisión arbitraria, pero la dictadura no rectificó su proceder.
En el caso de la organización continental, el régimen Ortega-Murillo anunció su expulsión en abril de 2022 y cerró sus oficinas en Managua, acusándola de ser un “instrumento diabólico” y de “intervención y dominación” de Estados Unidos.
Lista de algunas de las propiedades confiscadas, y su valor aproximado*
- Grupo Coen. 100 000 000
- Universidad Centroamericana (UCA). 50 000 000
- Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). 30 000 000
- Plantel industrial del Diario La Prensa. 20 000 000
- 100% Noticias (equipos de televisión, vehículos e inmueble) 5 900 000
- Instalaciones de Tomza, en Tipitapa. 4 000 000
- Farallón de Sotavento. 2 200 000
- Fundación del Río (22 propiedades en Río San Juan). 1 500 000
- Sedes Cenidh en Estelí, Chontales y Matagalpa. 1 200 000
- Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). 1 000 100
- Radio Darío (León; equipos quemados y propiedad confiscada). 973 648
- 16 apartamentos del Condominio Amazonia. 960 000
- Parque de ferias Expica. 928 647
- Centro Humboldt (propiedades en Managua, Río San Juan y Jinotega). 900 000
- Fundación Popol Na (dos propiedades en Managua). 570 000
- Universidad Paulo Freire (UPF). 565 000
- Sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Managua 500 000
- Radio La Guarachera. 395 000
- Asociación de Mujeres contra la Violencia Oyanka (dos propiedades en Jalapa). 360 000
- CISAS (dos inmuebles). 350 000
- Plantas transmisoras de Radio Darío y Radio Sky. 225 000
- Programa Feminista “La Corriente”, una propiedad en Managua. 200 000
- Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur). 50 000
- Radio Vos, pérdida en equipos. 39 411
Con información de confidencial.digital
Tips al momento
El Grupo Juárez y la triple “A” desafían a Sheinbaum
En su columna de hoy, "Serpientes y Escaleras", Salvador García Soto, uno de los periodistas y críticos más importante en medios impresos y electrónicos en México, realiza un análisis sobre el tema de la campaña adelantada de la senadora Andrea Chávez en sus aspiraciones a la gubernatura de Chihuahua y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la juarense.
Asimismo, en su cuenta de “X”, posteó un mensaje que a la letra dice (sic): “En torno al proyecto de volver gobernadora de Chihuahua a Andrea Chávez, no sólo está su protector, el senador Adán Augusto López, sino que, según comentan fuentes del oficialismo, cuenta también con el apoyo de Andrés Manuel López Beltrán”.
Aquí la columna:
El golpe seco y contundente que la presidenta le dio hace unos días a la burda campaña anticipada de Andrea Chávez, lejos de parar a la empoderada senadora y a sus promotores políticos y empresariales, parece haberlos alentado y, tras el berrinche de la legisladora y el enojo de su principal protector, el grupo de intereses que se mueve en busca de la codiciada gubernatura de Chihuahua está desafiando directamente la autoridad de la doctora Sheinbaum al continuar, de manera soterrada, con promesas y ofrecimientos para apropiarse de la candidatura de Morena en las próximas elecciones de 2027.
Y es que, en torno al proyecto de volver gobernadora a Andrea, no sólo está su protector y padrino político, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sino que, según comentan fuentes directas del oficialismo, el plan cuenta también con el apoyo de Andrés Manuel López Beltrán, quien también impulsa a la ambiciosa senadora a la que su padre se refiriera alguna vez, públicamente, como la “renovación generacional” de Morena. Es tan real el apoyo de Andy, que entre los morenistas ya se habla, en tono de broma, de la “Triple A” que busca apoderarse de Chihuahua, con Andrea, Adán y Andy.
El poderoso secretario de Organización de Morena ha blindado y auspiciado desde el centro el escandaloso proselitismo adelantado de la senadora Chávez que molestó a la presidenta Sheinbaum y que provocó su petición directa a la dirigencia de Morena para que prohibiera el uso de espectaculares y cualquier otra forma de promoción que signifique violar las leyes electorales e incurrir en actos de campaña anticipada. “Que nadie se adelante a nada. No es ninguna orden, es una sugerencia de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante”, comentó la doctora el pasado 9 de abril.
Y aunque de inmediato la dirigente formal de Morena, Luisa María Alcalde, anunció la implementación de medidas para cumplir la “sugerencia” presidencial y mandó retirarle todos los espectaculares que inundaban las calles y avenidas de Ciudad Juárez, de la capital Chihuahua y de otras ciudades del estado, llamando a la aspirante Andrea Chávez al orden y al acatamiento de las leyes electorales de su estado, en realidad el proselitismo desplegado por el llamado Grupo Juárez, no se detuvo, si bien se moderó y disimuló ante el berrinche público que se le vio hacer a la senadora.
Prueba de ese desafío a la “sugerencia” de Sheinbaum, que ya fue registrado en Palacio Nacional, es lo que hizo hace unos días la senadora suplente, Nora Elena Yu Hernández, la senadora suplente de Andrea Chávez y una de las cabezas del mencionado Grupo Juárez. Según comentaron a esta columna, agentes aduanales que estuvieron presentes, Yu Hernández, desde su posición como presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), convocó a una reunión de integrantes de ese organismo para pedirles que “apoyen con recursos el proyecto de la senadora Chávez”.
Para convencer a los agentes aduanales y comprar sus voluntades, la suplente de Andrea Chávez en el Senado les prometió una reforma a la Ley Aduanera para regresarles sus prerrogativas y “facilitar” sus negocios. Para ello, dicen los agentes que estuvieron en esa reunión, la juarense Nora Elena Yu les aseguró que cuenta con el respaldo del líder del Senado, Adán Augusto López, para impulsar la reforma aduanera que favorezca a las agencias privadas.
Y para documentar su cercanía y el apoyo que dice tener del coordinador Adán Augusto López, por aquello de que “la forma es fondo”, Yu Hernández presume en sus redes sociales fotografías con el líder senatorial de Morena y con los agentes aduanales del país. Apenas el 26 de febrero pasado, a través de la cuenta de la CAAAREM en Facebook, la senadora suplente exhibió una fotografía en la que el presidente de esa confederación, Miguel Cos Nesbitt, y la propia Nora Elena, aparecen flanqueando a Adán Augusto, y acompañó la foto con la frase “Cerrando filas desde el Senado a favor de México”. Y para que no quedaran dudas, hace una semana, en la misma red social, apareció otra fotografía con Adán Augusto y los agentes aduanales ahora con el lema: “Propuestas para mejorar el Comercio Exterior y la Recaudación”.
La presión ejercida sobre los agentes aduanales no solo alertó a los panistas que, nos dicen, no descartan ampliar su denuncia ante la FGR por esos hechos al considerarlos parte del esquema de financiamiento ilegal para promover la imagen de Andrea Chávez, e impulsar su candidatura rumbo al 2027 en Chihuahua, sino también prendió los focos rojos en Palacio Nacional, hasta donde agentes aduaneros hicieron llegar su queja por las presiones de que están siendo objeto para apoyar a la joven senadora.
Pero los movimientos y el desafío abierto del Grupo Juárez y su apoyo a la campaña adelantada de la senadora Chávez parecen haber llegado hasta los oídos de Palacio Nacional, porque justo el pasado 15 de abril, la presidenta Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley Aduanera, pero exactamente en el sentido contrario a lo que prometió la senadora suplente de Chihuahua a los agentes aduanales, a los que la mandataria anunció que les pondrá más “responsabilidades” y no necesariamente las “prerrogativas” que les ofreció Nora Elena Yu a sus compañeros de la CAAAREM.
“Vamos a mandar pronto una reforma a la Ley de Aduanas, para que en toda la cadena haya responsabilidad también de los agentes aduanales. El agente aduanal es como un notario, en donde el gobierno les cede una responsabilidad para hacer una revisión. A veces, o antes, los agentes aduanales no se hacían responsables si había una irregularidad. Y ahora queremos que haya responsabilidades, todos tienen responsabilidades: el que importa el producto y el nombre que está del que importa, el agente aduanal y los servidores públicos que están involucrados con la exportación de productos”, anuncio Sheinbaum en su conferencia mañanera la semana pasada.
¿Fue esa una respuesta o un nuevo golpe de la presidenta a las promesas que andan haciendo los del Grupo Juárez y la suplente de Andrea Chávez en busca de apoyos a su ilegal campaña anticipada? Todo indica que sí y que en Palacio Nacional ya les colmaron la paciencia los juarenses, la senadora y los que la apoyan en su aspiración adelantada a los tiempos legales.
El problema para la “Triple A”, de Andrea Chávez, Adán Augusto y Andy López, es que no sólo la presidenta ya les hizo saber de su molestia por seguir haciendo proselitismo adelantado en Chihuahua. La información de las presiones a los agentes aduanales no sólo llegó a Palacio Nacional, sino también al PAN en ese estado y los panistas locales y su dirigencia nacional ya analizan ampliar la denuncia que presentaron el pasado 1 de abril ante la Fiscalía General de la República en contra de la senadora chihuahuense a la que acusan de delitos electorales flagrantes y uso de recursos de procedencia incierta en su campaña adelantada.
Así que, tras el desafío abierto del Grupo Juárez y de la “Triple A” a la presidenta Sheinbaum y a sus “sugerencias” y reformas aduaneras, lo que se ve venir es un choque de trenes por la candidatura morenista a la gubernatura de Chihuahua, algo que también podría repetirse en otros de los 16 estados que renovarán sus gobiernos estatales. El desenlace es de pronóstico reservado porque parece que aquella imagen, en la que Adán Augusto, junto con otros líderes morenistas, se tomaban la foto junto a Andy López Beltrán, al final no sólo fue una falla en el protocolo de la Presidencia de la República y un descuido fatal de la ayudantía presidencial. Si como decía el ideólogo Reyes Heroles, “la forma es fondo”, estamos ante un duelo de poder para ver quién decidirá las codiciadas candidaturas morenistas, si todo lo decide Andy, como parece, y si la presidenta, que ya empezó a mostrar su molestia porque la desafían, ejerce o no su liderazgo.
Tomado de sonorapresente.com
Sí, la atendió primero pero yo fui a su casa: CS
La muerte del Papa Francisco, fue un momento que no desaprovechó la presidenta Claudia Sheinbaum, para expresar su pésame e ir contra de quien fuera su oponente del opositor en la pasada elección presidencial, Xóchitl Gálvez.
Al señalar aprovechó la cercanía de Francisco con los hermanos Sulaimán, Sheinbaum Pardo, dijo, dijo que el ahora fallecido Papa, la recibió en su departamento, muy modesto por cierto, dijo, para luego señalar que le comentó que antes había recibido a una buena mujer, que era candidata a la presidencia de México.
Yo también soy candidata, le explicó Sheinbaum, para explicarle al entonces pontífice, quién era ella y así, de paso, evidenciar que la primera en ser recibida en audiencia, fue Xóchitl Gálvez.
Pero a mí me recibió en su departamento, quizá quiso señalar, lo que sí no puede rebatir es que la candidata del bloque opositor fue la primera en solicitar la audiencia y ella tuvo que empatarle la acción y para ello, tuvo que que recurrir a alguien muy cercano a Francisco para lograrlo. En fin cosas de la política, dicen...
Tips al momento
El Grupo Juárez y la triple “A” desafían a Sheinbaum
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Asimismo, en su cuenta de “X”, posteó un mensaje que a la letra dice (sic): “En torno al proyecto de volver gobernadora de Chihuahua a Andrea Chávez, no sólo está su protector, el senador Adán Augusto López, sino que, según comentan fuentes del oficialismo, cuenta también con el apoyo de Andrés Manuel López Beltrán”.
Aquí la columna:
El golpe seco y contundente que la presidenta le dio hace unos días a la burda campaña anticipada de Andrea Chávez, lejos de parar a la empoderada senadora y a sus promotores políticos y empresariales, parece haberlos alentado y, tras el berrinche de la legisladora y el enojo de su principal protector, el grupo de intereses que se mueve en busca de la codiciada gubernatura de Chihuahua está desafiando directamente la autoridad de la doctora Sheinbaum al continuar, de manera soterrada, con promesas y ofrecimientos para apropiarse de la candidatura de Morena en las próximas elecciones de 2027.
Y es que, en torno al proyecto de volver gobernadora a Andrea, no sólo está su protector y padrino político, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sino que, según comentan fuentes directas del oficialismo, el plan cuenta también con el apoyo de Andrés Manuel López Beltrán, quien también impulsa a la ambiciosa senadora a la que su padre se refiriera alguna vez, públicamente, como la “renovación generacional” de Morena. Es tan real el apoyo de Andy, que entre los morenistas ya se habla, en tono de broma, de la “Triple A” que busca apoderarse de Chihuahua, con Andrea, Adán y Andy.
El poderoso secretario de Organización de Morena ha blindado y auspiciado desde el centro el escandaloso proselitismo adelantado de la senadora Chávez que molestó a la presidenta Sheinbaum y que provocó su petición directa a la dirigencia de Morena para que prohibiera el uso de espectaculares y cualquier otra forma de promoción que signifique violar las leyes electorales e incurrir en actos de campaña anticipada. “Que nadie se adelante a nada. No es ninguna orden, es una sugerencia de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante”, comentó la doctora el pasado 9 de abril.
Y aunque de inmediato la dirigente formal de Morena, Luisa María Alcalde, anunció la implementación de medidas para cumplir la “sugerencia” presidencial y mandó retirarle todos los espectaculares que inundaban las calles y avenidas de Ciudad Juárez, de la capital Chihuahua y de otras ciudades del estado, llamando a la aspirante Andrea Chávez al orden y al acatamiento de las leyes electorales de su estado, en realidad el proselitismo desplegado por el llamado Grupo Juárez, no se detuvo, si bien se moderó y disimuló ante el berrinche público que se le vio hacer a la senadora.
Prueba de ese desafío a la “sugerencia” de Sheinbaum, que ya fue registrado en Palacio Nacional, es lo que hizo hace unos días la senadora suplente, Nora Elena Yu Hernández, la senadora suplente de Andrea Chávez y una de las cabezas del mencionado Grupo Juárez. Según comentaron a esta columna, agentes aduanales que estuvieron presentes, Yu Hernández, desde su posición como presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), convocó a una reunión de integrantes de ese organismo para pedirles que “apoyen con recursos el proyecto de la senadora Chávez”.
Para convencer a los agentes aduanales y comprar sus voluntades, la suplente de Andrea Chávez en el Senado les prometió una reforma a la Ley Aduanera para regresarles sus prerrogativas y “facilitar” sus negocios. Para ello, dicen los agentes que estuvieron en esa reunión, la juarense Nora Elena Yu les aseguró que cuenta con el respaldo del líder del Senado, Adán Augusto López, para impulsar la reforma aduanera que favorezca a las agencias privadas.
Y para documentar su cercanía y el apoyo que dice tener del coordinador Adán Augusto López, por aquello de que “la forma es fondo”, Yu Hernández presume en sus redes sociales fotografías con el líder senatorial de Morena y con los agentes aduanales del país. Apenas el 26 de febrero pasado, a través de la cuenta de la CAAAREM en Facebook, la senadora suplente exhibió una fotografía en la que el presidente de esa confederación, Miguel Cos Nesbitt, y la propia Nora Elena, aparecen flanqueando a Adán Augusto, y acompañó la foto con la frase “Cerrando filas desde el Senado a favor de México”. Y para que no quedaran dudas, hace una semana, en la misma red social, apareció otra fotografía con Adán Augusto y los agentes aduanales ahora con el lema: “Propuestas para mejorar el Comercio Exterior y la Recaudación”.
La presión ejercida sobre los agentes aduanales no solo alertó a los panistas que, nos dicen, no descartan ampliar su denuncia ante la FGR por esos hechos al considerarlos parte del esquema de financiamiento ilegal para promover la imagen de Andrea Chávez, e impulsar su candidatura rumbo al 2027 en Chihuahua, sino también prendió los focos rojos en Palacio Nacional, hasta donde agentes aduaneros hicieron llegar su queja por las presiones de que están siendo objeto para apoyar a la joven senadora.
Pero los movimientos y el desafío abierto del Grupo Juárez y su apoyo a la campaña adelantada de la senadora Chávez parecen haber llegado hasta los oídos de Palacio Nacional, porque justo el pasado 15 de abril, la presidenta Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley Aduanera, pero exactamente en el sentido contrario a lo que prometió la senadora suplente de Chihuahua a los agentes aduanales, a los que la mandataria anunció que les pondrá más “responsabilidades” y no necesariamente las “prerrogativas” que les ofreció Nora Elena Yu a sus compañeros de la CAAAREM.
“Vamos a mandar pronto una reforma a la Ley de Aduanas, para que en toda la cadena haya responsabilidad también de los agentes aduanales. El agente aduanal es como un notario, en donde el gobierno les cede una responsabilidad para hacer una revisión. A veces, o antes, los agentes aduanales no se hacían responsables si había una irregularidad. Y ahora queremos que haya responsabilidades, todos tienen responsabilidades: el que importa el producto y el nombre que está del que importa, el agente aduanal y los servidores públicos que están involucrados con la exportación de productos”, anuncio Sheinbaum en su conferencia mañanera la semana pasada.
¿Fue esa una respuesta o un nuevo golpe de la presidenta a las promesas que andan haciendo los del Grupo Juárez y la suplente de Andrea Chávez en busca de apoyos a su ilegal campaña anticipada? Todo indica que sí y que en Palacio Nacional ya les colmaron la paciencia los juarenses, la senadora y los que la apoyan en su aspiración adelantada a los tiempos legales.
El problema para la “Triple A”, de Andrea Chávez, Adán Augusto y Andy López, es que no sólo la presidenta ya les hizo saber de su molestia por seguir haciendo proselitismo adelantado en Chihuahua. La información de las presiones a los agentes aduanales no sólo llegó a Palacio Nacional, sino también al PAN en ese estado y los panistas locales y su dirigencia nacional ya analizan ampliar la denuncia que presentaron el pasado 1 de abril ante la Fiscalía General de la República en contra de la senadora chihuahuense a la que acusan de delitos electorales flagrantes y uso de recursos de procedencia incierta en su campaña adelantada.
Así que, tras el desafío abierto del Grupo Juárez y de la “Triple A” a la presidenta Sheinbaum y a sus “sugerencias” y reformas aduaneras, lo que se ve venir es un choque de trenes por la candidatura morenista a la gubernatura de Chihuahua, algo que también podría repetirse en otros de los 16 estados que renovarán sus gobiernos estatales. El desenlace es de pronóstico reservado porque parece que aquella imagen, en la que Adán Augusto, junto con otros líderes morenistas, se tomaban la foto junto a Andy López Beltrán, al final no sólo fue una falla en el protocolo de la Presidencia de la República y un descuido fatal de la ayudantía presidencial. Si como decía el ideólogo Reyes Heroles, “la forma es fondo”, estamos ante un duelo de poder para ver quién decidirá las codiciadas candidaturas morenistas, si todo lo decide Andy, como parece, y si la presidenta, que ya empezó a mostrar su molestia porque la desafían, ejerce o no su liderazgo.
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Sí, la atendió primero pero yo fui a su casa: CS
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