
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma a la Ley General del Sistema Medios de Impugnación en Materia Electoral que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Legislativo hace unos días.
El dictamen fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados con 19 votos en la sesión extraordinaria de la comisión, después de que este sábado fue aprobado en el Senado.
El pleno tiene planeado este lunes votar las leyes secundarias, según ha comentado el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.
El encuentro comenzó con un intercambio sobre la legalidad de la convocatoria a la reunión y la premura en los procesos, en el que oficialismo y oposición invocaban diversos artículos del reglamento para fundamentar sus posiciones.
Después, la oposición puso énfasis en el tema de las suspensiones judiciales de parte de jueces y magistrados para frenar la reforma judicial en sus distintas etapas, lo que el oficialismo desacreditó con el argumento de que quienes las emitieron tenían conflicto de interés.
También insistieron en saber si la Cámara de Diputados había recibido las notificaciones sobre las suspensiones judiciales y cuestionaron la determinación en los hechos de mantener resercada esa información e ignorar las determinaciones del Poder Judicial.
Morena y aliados insistieron en que el proceso de la reforma judicial ha sido legítimo y que el amparo no aplica en el caso de los cambios a la Constitución, como también lo ha expresado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias matutinas.
Respecto a los plazos acotados para compartir el dictamente con suficiente anticipación y convocar a la reunión, expresaron que es un tema de urgencia, arremetiendo en contra del Poder Judicial, al que acusan de corrupción y del que critican sus salarios y pensiones.
Con información: Latinus.com

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
