CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que Canadá emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que el gobierno municipal cometió una “imprudencia” por alertar a la ciudadanía sobre una “única” balacera.
“Tuvimos problemas en Mazatlán. Fue una imprudencia de alguien en el gobierno municipal. Publica el día que hubo esa balacera, única en Mazatlán: ‘¡no salgan de su casa, por favor, cuídense!’. Pues lo agarró el gobierno canadiense y ya nos lo restregó a nosotros”, dijo el gobernador morenista en conferencia.
El mandatario sinaloense explicó que se comunicó con el gobierno canadiense para conocer los motivos por los que se emitió dicha alerta.
“Yo inmediatamente hablé a la cancillería y hablamos al gobierno canadiense. ‘Oye, ¿por qué mandaron la nota esa de alerta para Mazatlán?’. Y me dice: ‘pues por culpa de ustedes, ustedes están llamando a que no salgan, entonces no vamos a decirle a la gente nuestra que vaya’”.
Rocha Moya informó que ya se está trabajando en que el gobierno canadiense retire dicha alerta, pues asegura que la ciudad de Mazatlán se encuentra tranquila para recibir a los turistas extranjeros y nacionales.
Para este trabajo se llevarán a cabo mesas de diálogo entre el nivel municipal, estatal, federal y el gobierno de Canadá.
Canadá emitió una alerta para que sus habitantes no viajen a Mazatlán, Sinaloa, luego de los hechos violentos reportados el fin de semana del 26 y 27 de octubre, y pidió que quienes se encuentren en este territorio extremen precausiones y se mantengan atentos a los medios de comunicación.
Esta tarde se reunió Wendy Hardouin, cónsul de Canadá; Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa de Mazatlán, y Celia Jauregui, directora de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca (Sedectur).
Medios locales reportan que, como resultado de esta reunión, la cónsul declaró que es decisión del gobierno en Ottawa y de la embajada canadiense retirar la alerta de viaje hacia este destino turístico.
Con información de Proceso.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
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La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.