Frente a la intensa sequía que afecta al estado, productores del municipio de Guerrero, usuarios del módulo 2 de la presa “Abraham González”, se reunieron para evaluar acciones urgentes que permitan hacer frente a esta situación, que pone en riesgo aprox 500 hectáreas de cultivos en la zona.
El diputado local por el Distrito 13, Luis Fernando Chacón, se unió a estas iniciativas y afirmó que trabajarán de manera coordinada para obtener respuestas favorables de las autoridades federales.
Chacón detalló que la asociación de usuarios del módulo número 2, perteneciente al distrito de riego 083 en Guerrero, que se encarga de administrar agua de la presa Abraham González, le ha solicitado exponer la urgencia de su situación. Explicaron que su sistema de riego, que se basa en un cárcamo, ya no puede bombear agua hacia la Mesa de Miñaca debido a la escasez de agua.
“Lo que buscan es solicitar el recurso que les corresponde ante la Conagua, para que les autoricen perforar en la superficie y acceder a agua subterránea bajo la misma concesión que tienen para la extracción de agua superficial de la presa. Dado que no hay agua en la presa, desean agotar su volumen de agua subterránea y proceder con la perforación”, comentó.
El apoyo del legislador consistiría en acompañar las gestiones para obtener dicha autorización y, una vez que se logre, colaborar con el Gobierno del Estado para equipar y realizar la perforación lo más pronto posible.
“Es una necesidad urgente, ya que no hay agua y los árboles requieren riego en esta temporada de invierno. Si no se actúa pronto, comenzarán a secarse; de hecho, ya se observan árboles marchitos, lo cual afectará el suministro de alimentos el próximo año”, concluyó Chacón Erives.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.