Nefi Jacob Campos, presidente nacional de las organizaciones de prevención del suicidio, suplicó a los diputados se apoye la iniciativa de Ley que propone la diputada de Morena, Brenda Ríos en materia de prevención, atención y seguimiento al suicidio, indicó que este problema de salud debe atenderse de manera integral, ya que de acuerdo a los datos, muchos de los casos no están relacionados con consumo de drogas, son personas que tienen una capacidad intelectual, empleadas, pero el 93% de los casos consumados dieron como resultado problemas mentales.
Indicó que él comienza con la lucha contra el suicidio a partir de que su mamá se quita la vida cuando él tenía 9 años, "es un tema difícil, porque se tiene que luchar por primero no estigmatizar, romper paradigmas, ubicando que el 39% de las personas con comportamiento suicida, su capacidad intelectual es por arriba del promedio.
Agregó que en las investigaciones con las Fiscalías que en los actos consumados, cerca del 82% sale negativo al tema de las drogas; el 73% de los actos consumados eran personas con empleo remunerado, lo cual no es asociado; el 93% de los casos están relacionados con problemas mentales.
“Es un estigma”, dijo al destacar que hay liderazgos, artistas, empresarios, que día a día luchan con trastornos o enfermedades que alteran la neuroquímica del cerebro.
Francisco Antonio Muñoz, de Rotary Camargo, organización que se ha distinguido en atención a los problemas sociales desde 1985, indicó que Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán se disputan el primer lugar en suicidios, sin embargo, en la entidad, la estadística alta está en la capital, Camargo y Cuauhtémoc, por ello se está llevando a cabo una certificación de la tipología del suicidio.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.