La desaparición del Coneval: un retroceso en la evaluación de políticas públicas
La reciente decisión del gobierno federal de desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad mexicana. Esta institución, creada en 2004, ha sido clave para medir la pobreza y evaluar la efectividad de los programas sociales con criterios técnicos, objetivos y apartidistas. Su eliminación representa un retroceso en términos de transparencia, rendición de cuentas y diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
Esto toma mayor relevancia ante la opacidad con la que este gobierno ha venido desarrollando grandes proyectos con sobre costos enormes en obras como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, aun mayor relevancia cuando uno sino el principal argumento para suprimir el CONEVAL por parte del gobierno es la mentada austeridad, claro esa austeridad que no ven en acciones tan inútiles como la de la elección del poder judicial donde se erogaron miles de millones para tener una votación que ronda el 10% del padrón electoral.
Como hemos comentado, el argumento del gobierno para suprimir el Coneval, la supuesta duplicidad de funciones y la necesidad de austeridad, parece endeble cuando se considera la relevancia de contar con una institución autónoma y especializada para monitorear los resultados de los programas sociales. En un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, dejar sin un órgano evaluador independiente implica debilitar las herramientas institucionales que permiten saber si las acciones del Estado están realmente mejorando la calidad de vida de la población.
Además, el Coneval no solo ofrecía datos, sino que contribuía con análisis técnicos que ayudaban a perfeccionar políticas públicas. Sin él, existe el riesgo de que la información sobre pobreza y desarrollo social se politice, pierda rigor técnico o incluso se oculte. Esto sería especialmente grave en un contexto electoral o en tiempos donde se requiere una evaluación crítica del impacto real de los programas de transferencias y apoyos sociales.
Por todo lo anterior, la desaparición del CONEVAL no debe verse como un simple ajuste administrativo, sino como un paso atrás en la construcción de un Estado que rinde cuentas y toma decisiones basadas en datos confiables. La sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general deben alzar la voz y exigir mecanismos claros y confiables para evaluar el desempeño de los programas sociales, en beneficio de quienes más lo necesitan. Al tiempo.
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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