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Fortalece SFP lazos con sociedad civil en Ciudad Cuauhtémoc para promover participación ciudadana, transparencia y buen gobierno


- Gobierno del Estado mantiene diálogo con múltiples sectores de Cuauhtémoc

En un esfuerzo por fortalecer los lazos con la sociedad civil, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, sostuvo un encuentro con miembros de Trabajando por mi Ciudad, A.C.

El evento, realizado en el Centro Coordinador Empresarial de la ciudad, fue dirigido por Ana Isabel Terrazas Cerros anfitriona y presidenta de la asociación civil, y en dicho evento se abordaron temas sobre la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo institucional, económico y social del municipio.

El objetivo principal de este encuentro fue facilitar un espacio de comunicación donde los asistentes pudieran expresar sus inquietudes y plantear sugerencias para mejorar los procesos administrativos.

En este sentido, Roberto Fierro destacó el compromiso del Gobierno Estatal por atender las necesidades y demandas de la ciudadanía, a través de una relación más cercana, transparente y eficiente.

De igual manera, el secretario enfatizó la importancia de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en las instituciones públicas, al mismo tiempo que subrayó que un gobierno de puertas abiertas y en constante comunicación con la sociedad civil es esencial para la construcción de un entorno más justo y equitativo para todos.

En el encuentro participaron representantes de diversas organizaciones como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Ciudad Cuauhtémoc, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Cámara de Comercio de Cuauhtémoc, la Barra de Abogados, COPARMEX, CANACINTRA, CECYTECH, así como el OIC del Municipio de Cuauhtémoc y el Club Rotario.

El secretario de la Función Pública reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que favorezcan el desarrollo integral del municipio de Cuauhtémoc, con un enfoque en la participación activa y el fortalecimiento de la sociedad y del Gobierno del Estado.

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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