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Reino Unido se acerca a permitir la muerte asistida

La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó preliminarmente este viernes un proyecto de ley para permitir la muerte asistida a pacientes terminales en Inglaterra y Gales, en lo que podría ser una de las más profundas reformas sociales del país en décadas, informó Reuters.

De acuerdo con la legislación propuesta, solo podrán solicitar la muerte asistida los ciudadanos ingleses y galeses, mayores de 18 años, que hayan sido diagnosticados con una enfermedad terminal y les queden menos de seis meses de vida.

Los solicitantes requerirán la autorización de dos médicos y de un juez del Tribunal Supremo, además de que deberán autoadministrarse los medicamentos que podrán fin a sus vidas.

División en el Gobierno británico

Se espera que se presenten modificaciones al proyecto de ley, a medida que es examinado por las comisiones parlamentarias. Hasta el momento se han planteado más de 200 enmiendas en ambas cámaras, por lo que es de prever que la propuesta sea objeto de un intenso escrutinio.

Por otro lado, a pesar de que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer respaldó el proyecto de ley, algunos miembros de su Gabinete votaron en contra. Entre los altos funcionarios que desaprobaron la propuesta se encuentran los ministros de Asuntos Exteriores, de Salud y de Justicia, David Lammy, Wes Streeting y Shabana Mahmood, respectivamente.

En la Cámara de los Comunes no se había debatido un proyecto de ley sobre muerte asistida desde 2015, cuando una medida similar fue rechazada ampliamente. Según The New York Times, la actual propuesta podría marcar un cambio en la historia del Reino Unido, comparable con la legalización del aborto y la abolición de la pena de muerte. Esas dos leyes fueron aprobadas en 1967 y 1969, respectivamente.

Hasta el momento, la muerte asistida es legal en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suiza y Luxemburgo, así como en 10 estados y un distrito (Columbia) de EE.UU.

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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