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Suman 24 detenidos en la Operación Enjambre; van tras otros funcionarios

TOLUCA, Edomex (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la Operación Enjambre ya arrojó la detención de 24 funcionarios municipales con orden de aprehensión por su posible participación en diversos hechos delictivos, y afirmó que sigue la búsqueda de autoridades en funciones, pero también electas, con señalamientos de este tipo.  

Este operativo, afirmó la dependencia, se desprende de labores de investigación e inteligencia para desarticular la red de apoyo municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en el Estado de México.  

Hasta ahora se ha logrado la detención y vinculación a proceso de una presidenta municipal, un presidente honorario del DIF, 8 comisarios y/o directores de Seguridad Pública, 4 mandos y 10 elementos de corporaciones de seguridad de 12 municipios.  

En el municipio de Nicolás Romero han sido detenidos una decena de servidores públicos; dos en Ecatepec, igual número en Amanalco, otros dos en Ixtapaluca, mientras en Acambay, Aculco, Coatepec Harinas, Naucalpan, Tejupilco, Texcaltitlán, Tlatlaya y Tonatico hay un detenido en cada caso.  

A los arrestados se les imputa “relación con actividades delictivas de alto impacto como homicidio, secuestro exprés y extorsión, cometidas por grupos autodenominados Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito”.  

Las detenciones comenzaron con la investigación por la desaparición de Agustín “N”, comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo, ocurrida el pasado 5 de agosto, lo que llevó a la captura de cuatro directores de Seguridad Pública municipales.  

Los ahora vinculados son: Eulises “N” de Acambay, por el delito de extorsión y desaparición forzada; Carlos Alberto “N”, de Aculco, y Juan Carlos “N”, de Coatepec Harinas, ambos por el hecho delictivo de extorsión; y Luis Ángel “N”, de Tlatlaya, por secuestro exprés con fines de robo.    

Por estos hechos también fueron detenidos Ana María “N”, Aarón “N” (padre), Aarón “N, N” (hijo), Abelardo “N” alias “Don Bel”, Javier Armando “N” y Roberto Carlos “N” alias “Bávaro”, por su probable intervención en extorsiones en la región norte de la entidad mexiquense, a favor de un grupo delincuencial con orígenes en Michoacán.  

Estos seis sujetos, sin embargo, no son servidores públicos, su actividad principal era la prestación del servicio de transporte público tipo taxi que habrían aprovechado para favorecer la participación de policías municipales en la desaparición del comisario de Temascalcingo.   

En abril de 2024 fueron localizados los restos de 10 víctimas que se encontraban dentro de dos pozos en el municipio de Nicolás Romero; las diligencias, indicó la FGJEM, permitieron identificar que los probables responsables eran mandos y elementos de la policía.  

Durante los meses de mayo y junio pasados, fuerzas federales y estatales realizaron los primeros despliegues operativos y, como resultado, actualmente se encuentran recluidos y vinculados a proceso 11 policías municipales por delitos de homicidio y secuestro exprés, entre otros.  

Sobre los detenidos el pasado 22 de noviembre, recordó que la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, es investigada por el homicidio calificado del ex síndico, Miguel Ángel Lara G, y su chofer, ocurrido el 25 de enero de 2023, quienes fueron privados de la vida por otros sujetos, presuntamente bajo las órdenes de la ahora vinculada, debido a que tenía conflictos con una de las víctimas por el control del Ayuntamiento.  

En tanto, Eraclio “N”, director de Seguridad Pública de Tejupilco, se encuentra vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, por hechos registrados el 13 de septiembre pasado, en agravio de un comerciante a quien habría privado de la libertad para exigirle el pago del 10 por ciento de sus ventas a cambio de permitirle realizar sus actividades y no causarle algún daño.  

A Manuel Alejandro “N”, director de Seguridad Pública de Amanalco, se le indaga por el delito de secuestro exprés con fines de robo, ya que el pasado 20 de septiembre supuestamente privó de la libertad a una mujer de iniciales S.R.H. dedicada al comercio, a quien despojó de dinero a cambio de su libertad.  

Además, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ellery Guadalupe “N”, presidente honorario del DIF de Tonatico, por su probable intervención en el ilícito de secuestro exprés con fines de extorsión, por hechos perpetrados el 31 de mayo, cuando diversos sujetos privaron de la libertad a la víctima de iniciales F.C.Y., a quien llevaron a un inmueble.  

Allí, presuntamente el ahora imputado refirió que “trabajaba para la Familia Michoacana”, le habría exigido comprar cerveza en determinado establecimiento comercial y el pago del 10 por ciento de sus ventas, cantidad que la víctima le entregó para obtener su libertad.   

Rodolfo “N” y Roberto “N”, director Operativo y jefe Regional de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, respectivamente, fueron vinculados a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, pues el 27 de agosto habrían privado de la libertad a la víctima de iniciales C.G.V.C., a quien le exigieron entregara una “cuota quincenal” y dinero para permitirle vender sus productos y liberarlo.  

En tanto que, Omar “N”, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, fue vinculado a proceso por su probable intervención en el hecho delictivo de extorsión, ya que el pasado 6 de septiembre, a bordo de una patrulla municipal y con otro sujeto no identificado, “le cerró el paso” a las víctimas de iniciales A.A.A.C. y E.M.G., quienes viajaban en un vehículo.   

Con palabras altisonantes, los ahora detenidos habrían exigido a las víctimas una cantidad de dinero, obligaron a E.M.G. a subir a la patrulla, donde fue golpeado por Omar “N” mientras le refería “te voy a desaparecer”, por lo que A.A.A.C. les entregó el dinero.  

Este viernes, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada a Rafael “N”, jefe de la Célula de Combate a la Extorsión de Ecatepec, y Vianey Analleli “N”, policía municipal, mientras se determina su situación jurídica tras su imputación por el homicidio de un hombre identificado con las iniciales I.B.S.C., ocurrido el pasado 5 de octubre en esa demarcación.  

La indagatoria refiere que ambos sujetos, en complicidad con otros individuos, arribaron a un inmueble en donde golpearon a la víctima hasta privarla de la vida. Sin embargo, con la finalidad de desviar las investigaciones, los ahora detenidos narraron una dinámica diversa en relación a los hechos, afirmando que se trató de un “linchamiento por agredir sexualmente a una mujer”.  

Con información de proceso.com.mx

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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