Comisiones del Senado avalan leyes secundarias en materia judicial enviadas por Sheinbaum
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron las reformas a las leyes secundarias en materia de juicios de amparo y supremacía constitucional o inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución.
El primer proyecto busca reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
En ella se homologa la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con nueve integrantes del Pleno, así como una mayoría calificada de 6 votos.
Asimismo, se suprimen las salas, para que únicamente funcione el Pleno de la Corte, además se agrega otra armonización que consiste en que las sentencias dictadas derivadas de juicios de amparo solo atenderán el interés particular de las partes.
Otras modificaciones a la Ley de Amparo son para trasladar las facultades que corresponden al CJF, al nuevo Órgano de Administración. Además, se hace una armonización en lenguaje incluyente.
En la segunda iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución.
Esto a fin de que en ningún caso pueden dictarse suspensiones, acción de inconstitucionalidad, ni en controversia constitucional.
La oposición
Ricardo Anaya, del PAN, señaló que estas reformas son parte de una colonización del Poder Judicial de la Federación, y que buscan establecer un régimen autoritario.
“No quieren que haya de ninguna manera una sentencia en contra del Ejecutivo o el Legislativo que hoy controlan. La invitación es a quitarnos las máscaras y que reconozcan que las reformas tienen un fundamento de régimen autoritario”, acusó Anaya.
Por su parte, la priista Carolina Viggiano subrayó que estas reformas son regresivas: “El amparo es para proteger a los ciudadanos del abuso del poder y esto es un ataque directo a las garantías mínimas que debe tener toda persona para proteger sus derechos”.
Con información de Político.mx
Tips al momento
Desde Palacio Nacional le tienen miedo a la ciudadanía: Generación Z
Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos.
Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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