Demandan en Nueva York a Trump por negar la ciudadanía a los hijos de indocumentados
Nueva York (EFE).- La Coalición de Inmigración de Nueva York y una venezolana embarazada demandaron este jueves a la Administración del presidente Donald Trump y piden al tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York que declare inconstitucional la orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados.
Esta orden, firmada el pasado 21 de enero, ya tiene varias demandas en tribunales del país y está paralizada preventivamente por dos jueces federales.
En la demanda, la Coalición y la inmigrante J.V., con cinco meses de embarazo y con Estatus de Protección Temporal, representados por la organización de derechos civiles Latino Justice PRLDEF, argumentan que la orden ejecutiva viola la Enmienda 14 de la Constitución, que otorga la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en el país, señalan en un comunicado.
Los efectos de la orden de Trump sobre la ciudadanía
Los demandantes indican que quitar el derecho a ciudadanía haría apátridas a estos niños y los discriminaría por criterios de ascendencia u origen de sus padres, lo cual viola la cláusula de protección de la Constitución.
Fotografía de inmigrantes esperando conseguir un trabajo en Queens, Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Si la eliminan, eso obligaría a los que nazcan tras la prohibición «a vivir en las sombras de la sociedad sin los beneficios y oportunidades de los ciudadanos», en riesgo de una deportación, privándose de su identidad, documentos importantes, nutrición, atención médica y educación, indica el documento.
«Antes de obtener un cargo electivo, el Presidente ha creído erróneamente que tiene el poder singular de determinar quién puede convertirse en ciudadano estadounidense. La definición de ciudadanía está claramente consagrada en nuestra Constitución y ha sido una cuestión de derecho establecido durante 127 años, que no puede ser simplemente tachada por una persona», indicó la presidenta de Latino Justice.
La venezolana, de 31 años, que llegó a EE.UU. en 2023 se identifica solo como J.V. y su TPS expira en abril de este año. Su hijo, que nacerá en junio de 2025, estaría sujeto a la prohibición de ciudadanía por derecho de nacimiento si la orden presidencial entra en vigor.
Con información de EFE.
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Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.
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Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
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