Hallazgos de centros de exterminio en México: una realidad que persiste pese a la evasión oficial

AP.- El reciente hallazgo en Teuchitlán, en el occidente de México, de un rancho con restos óseos y más de 700 objetos personales que fue utilizado por el crimen organizado como centro de reclutamiento y también “de exterminio” —en palabras del colectivo de búsqueda de desaparecidos que lo encontró— ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que no es nueva en México aunque los gobiernos intenten evadirla.

Las autoridades localizaron en septiembre el rancho, ubicado en territorios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero inexplicablemente la investigación no avanzó. Tampoco esto es nuevo.

En los últimos 15 años se ha multiplicado la localización de lugares como estos donde distintos cárteles desaparecen a sus víctimas y en algunos también dejaron muestras de reclutamientos forzosos. Son fincas, barrancos, zonas lacustres o construcciones donde se han enterrado, quemado o disuelto a personas bajo el presupuesto de que si no hay cuerpo, no hay delito. En México hay más de 52 mil personas sin identificar en morgues y cementerios y miles de restos calcinados que sólo pueden cuantificarse por kilos.

Al igual que la cifra de desaparecidos no deja de crecer desde 2006 —ahora oficialmente hay más 120 mil—, tampoco se ha detenido el hallazgo de estos lugares, generalmente gracias al trabajo de colectivos de familiares.

AP visitó uno de estos sitios en 2022 en las afueras de Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, donde una pequeña habitación de una casa en ruinas hacía de horno y una torreta, de chimenea. Cuando los peritos entraron ahí por primera vez, una masa compactada de restos humanos y escombros de 50 centímetros de altura cubría el suelo e incontables trozos de huesos humanos estaban esparcidos por todo el rancho.

La administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) habló por primera vez de “sitios de exterminio”, pero los expertos piden cautela para que un concepto tan impactante no suponga un análisis simplista de procesos criminales complejos, dice el antropólogo Luis Fondebrider, exmiembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. También para “no banalizar” un término ligado a delitos de lesa humanidad, comenta Santiago Corcuera, asesor de varios organismos de Naciones Unidas.

Las familias de los desaparecidos lo utilizan para mostrar la envergadura de sus hallazgos. Lo preocupante, agrega Corcuera, es que “algunas veces pueden tener razón” porque en ciertas regiones de México sí hay indicios de que se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Estos son algunos de los hallazgos de mayor impacto de las últimas dos décadas.

“El Pozolero” (Baja California)

En 2009, la confesión ante las autoridades de un hombre estremeció a México. Santiago Meza —hoy todavía encarcelado— dijo que su trabajo entre 1996 y 2009 fue deshacer en “sosa cáustica” entre 150 y 300 cuerpos en fincas del Cártel de Tijuana. Los arrojaba en contenedores metálicos sin verles la cara. Luego, enterraba los restos o los tiraba a arroyos o drenajes.

Se le apodó “El Pozolero” (el pozole es un caldo típico mexicano). Dijo que no era el único ni el primero que disolvía cuerpos y reveló cinco lugares específicos que tardaron años en revisarse. En 2017 se ubicó uno de ellos con miles de fragmentos óseos.

Las fosas de San Fernando (Tamaulipas)

México no estaba habituado a encontrar grandes enterramientos clandestinos. A partir de 2011, eso cambió con el hallazgo de medio centenar de fosas con casi 200 cuerpos en San Fernando, la misma localidad del noreste del país donde, un año antes, habían sido asesinados 72 migrantes en un rancho.

En esos enterramientos, atribuidos a Los Zetas, también se encontraron rastros de cómo algunos jóvenes eran obligados a luchar entre ellos con mazos y si sobrevivían los incorporaban a las filas del cártel.

La recuperación de tantos cuerpos y la incapacidad de las autoridades para procesarlos fue el inicio de la aparición de cientos de fosas de una a otra esquina de México. Entre las más grandes, presumiblemente abiertas con excavadoras, unas de Veracruz, en el Golfo de México, a las que se llegó porque un informante anónimo entregó a un colectivo de familiares un mapa con la ubicación.

Cárcel de Piedras Negras (Coahuila)

Ubicada junto a la frontera con Texas, en el estado de Coahuila, la cárcel de Piedras Negras fue un centro de operaciones y ejecuciones del cartel de Los Zetas al menos entre 2010 y 2011. Pudo ser un secreto a voces en la localidad, pero la sociedad mexicana sólo supo lo que realmente pasaba allí en 2017, cuando el Colegio de México —una universidad pública— publicó una investigación basada en expedientes oficiales.

No sólo modificaban vehículos o uniformes tácticos, sino que 20 cocineros tenían la tarea de disolver en tanques de 200 litros de diésel los cadáveres de sus víctimas que, en ocasiones, eran asesinadas allí mismo de un disparo o un martillazo en la cabeza y a veces desmembradas.

La Bartolina (Tamaulipas)

Quien ha visitado el lugar conocido como "La Bartolina” —que significa calabozo—, en el extremo noreste de la frontera entre México y Estados Unidos, no lo olvida.

Es un área lacustre en la desembocadura del Río Bravo controlada por el Cártel del Golfo, del que la prensa local empezó a hablar en 2016, pero para las autoridades no existió durante años. Cuando el comisionado de Búsquedas de Tamaulipas, Jorge Macías, llegó al lugar por primera vez en torno a 2018, vio “pelvis, cráneos, fémures, todo ahí tirado... Me dije, ‘no puede ser’, no daba crédito”, contó a AP hace cuatro años.

En 2022, las autoridades habían recuperado más de 500 kilos de restos óseos de ese lugar y los trabajos aún continúan. En todo Tamaulipas se han localizado, al menos, 15 lugares que los servicios periciales estatales consideraron “sitios de exterminio”. Y los hallazgos no cesan.

Con información de Latinus