HeiVzwpLa Jueza, María Alejandra Ramos Durán, quién participa en la elección de jueces y magistrados, y quién aparecerá en la boleta verde con el número 34, compartió en entrevista para Omnia Noticias, diversas situaciones que ha vivido durante su ejercicio de profesión, y los casos más mediáticos que le ha tocado vivir, como el del ex gobernador, César Duarte Jaquez. HeiVzwp Omnia.com.mx
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HeiVzwp“De pronto situaciones a las que yo no estoy acostumbrada, como era el tema político que se me empieza involucrar o acusar de situaciones, y esto además ocurre en un contexto donde los estándares internacionales marcan unas limitaciones muy fuertes de las personas juzgadoras en cuanto como nos conducimos ante la prensa y a través de las redes sociales.” HeiVzwp Omnia.com.mx
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HeiVzwpDetalló que ella siempre ha sido una jueza de control, es decir, toma decisiones de ordenes de aprensión, si una detención fue legal o no, si una persona es vinculada o no a proceso, y lleva 18 años haciéndolo en la vía penal. HeiVzwp Omnia.com.mx
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HeiVzwp“Yo soy jueza penal desde el 2007 por un proceso de selección que se llevó a cabo en el 2006 que fue financiado por Estados Unidos y que se ejecutó por operadores internacionales, y que incluso, que esos operadores le dijeron a Gobierno del Estado “O quitan las manos del proceso para quienes van incidir en quienes van hacer los operadores o nos vamos”, y en ese contexto que eligen por su perfil, conocimiento, habilidades, competencias, a las personas que iban a operar el sistema de justicia penal por primera vez en México, yo resulto seleccionada, de más de 400 personas”HeiVzwp Omnia.com.mx
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El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.