Deportaciones masivas: gobierno de Trump utiliza varias técnicas para fomentar y forzar las repatriaciones
AP.- Llevar a cabo deportaciones masivas fue un grito de guerra clave durante la campaña de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, desde el día en que asumió el cargo, su gobierno se ha enfocado en cómo hacerlo realidad.
Han promocionado su política de ir tras “los peores de los peores”, refiriéndose a personas que han cometido delitos en el país, al tiempo que presiona a algunas naciones para que acepten a migrantes que Estados Unidos tiene dificultades para deportar a sus países natales.
También han puesto fin a las protecciones legales de cientos de miles de personas que el gobierno del expresidente Joe Biden admitió de manera temporal en el país con el objetivo de eventualmente pudieran ser deportadas.
Este es un vistazo a las estrategias que el gobierno estadounidense está utilizando, cómo están apuntando a personas para la deportación y algunos de los desafíos que están enfrentando.
Ha apuntado a "los peores de los peores"... y a quienes estén con ellos
Las autoridades de migración han retratado repetidamente sus esfuerzos iniciales como dirigidos a personas que describen como “las peores de las peores”. Estas son personas que representan amenazas a la seguridad pública o nacional, que han sido arrestadas o condenadas por cometer delitos en Estados Unidos o que el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) determina que son miembros de pandillas.
En sus redes sociales, publicaron un flujo constante de fotos de personas arrestadas por el ICE y los delitos que supuestamente han cometido.
Gobiernos anteriores también han priorizado a personas que se consideran amenazas a la seguridad pública, por lo que esa estrategia no es necesariamente nueva.
Lo que es diferente bajo el gobierno de Trump es que ahora los agentes del ICE tienen la autoridad para arrestar a otras personas que encuentren con violaciones migratorias cuando van tras “los peores de los peores”.
Estos se llaman “arrestos colaterales” y no estaban permitidos bajo el gobierno de Biden, como describió un agente de ICE: “Ya nadie recibe un pase libre”.
Han utilizado terceros países
Los funcionarios de control migratorio se han quejado durante mucho tiempo de los países que no aceptan a sus ciudadanos cuando Estados Unidos ha determinado que pueden ser deportados.
Algunos países no aceptan a ninguno de sus ciudadanos, otros son selectivos, especialmente cuando se trata de personas con condenas penales o que han cometido delitos particularmente atroces, y según un fallo de la Corte Suprema de 2001, el ICE no puede retener a alguien por más de seis meses si no hay una posibilidad razonable de esperar que puedan ser enviados de regreso a su país de origen.
Históricamente, eso ha significado que los funcionarios de control migratorio han tenido que liberar a personas en Estados Unidos que quieren deportar, pero no pueden.
Para sortear este problema, el gobierno de Trump ha presionado a otros países para que acepten a personas que no son sus propios ciudadanos, el acuerdo más destacado de estos fue anunciado en febrero por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un viaje a El Salvador, Ese país ha aceptado a venezolanos que Estados Unidos alega son miembros de pandillas y los está reteniendo en una prisión notoria.
Costa Rica y Panamá también han aceptado recibir ciudadanos que no son suyos, aunque no fueron encarcelados, muchos de ellos han regresado a casa o se han trasladado a terceros países.
Fuera de esas tres naciones centroamericanas, el gobierno de Trump ha dicho que está explorando otros terceros países para las deportaciones. Recientemente, ha habido indicios de que Estados Unidos podría estar intentando enviar personas a Libia o Sudán del Sur.
Ha quitado protecciones legales
El gobierno de Trump está tratando de retirar las protecciones legales de cientos de miles de personas admitidas en Estados Unidos de manera temporal durante el gobierno de Biden, esto podría hacer que esas personas sean sujetas a un proceso de deportación.
El gobierno anterior admitió a casi 1.5 millones de personas a través de dos programas clave que utilizan una herramienta legal conocida como permiso humanitario para admitir personas en el país.
Por separado, el gobierno de Biden también amplió drásticamente el número de personas que estaban protegidas de la deportación por el estatus de protección temporal. Esa es una designación que permite a las personas que ya viven en Estados Unidos quedarse y trabajar legalmente por hasta 18 meses si sus países de origen son inseguros debido a disturbios civiles o desastres naturales.
El gobierno de Trump se está moviendo agresivamente para eliminar o terminar todas esas protecciones, si tiene éxito, y muchos de estos esfuerzos están siendo litigados, podría potencialmente abrir la puerta para que cientos de miles de personas sean deportadas.
Están alentando a las personas a irse por su cuenta
Hay millones de personas que están en el país ilegalmente, incluidas alrededor de 1.1 millones con órdenes finales de deportación, pero solo hay alrededor de 6 mil agentes de deportación, esos son los agentes encargados de encontrar, arrestar y remover a personas que no tienen derecho a estar en el país.
Así que además de intentar activamente encontrar y remover personas, el gobierno de Trump quiere que las personas se vayan voluntariamente.
A través de agresivas campañas en redes sociales y televisión, están alentando a las personas en el país ilegalmente a regresar a casa, diciendo que de lo contrario podrían enfrentar multas y nunca se les permitiría regresar a Estados Unidos.
También están ofreciendo mil dólares y el costo del boleto de avión a las personas que se “autodeporten".
A principios de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional promocionó el primer vuelo de personas que aceptaron esa oferta para regresar a Honduras.
Con información de Latinus
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El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
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Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
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