Peritos forenses se unen al paro judicial; esto demandan en medio de la crisis
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La crisis en la impartición de justicia en la capital mexicana se acentuó con el paro laboral convocado el 12 de junio por los abogados de oficio de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, así como con las protestas encabezadas por trabajadores de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Además, integrantes del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México (Incifo) suspendieron labores para solidarizarse con el paro que, desde hace medio mes, mantienen los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Las protestas de peritos forenses y abogados de oficio reflejan demandas acumuladas en distintos frentes del sistema judicial de la Ciudad de México. Aunque pertenecen a instituciones diferentes, todos los trabajadores mencionados desempeñan un papel fundamental en la impartición de justicia y comparten reclamos dentro de su inconformidad: aumentos salariales, condiciones laborales dignas y personal suficiente. Las manifestaciones son síntoma de la magnitud de una problemática que ha provocado retrasos en audiencias y en el seguimiento de carpetas, lo que afecta directamente el acceso a la justicia de los ciudadanos.
El jueves 12, en las instalaciones de la Fiscalía capitalina, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, los trabajadores de Servicios Periciales protestaron exigiendo un aumento salarial y denunciaron descuentos injustificados en sus pagos.
También se concentraron en las puertas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde realizaron un cierre simbólico y describieron a medios las condiciones laborales a las que están sometidos, sin aumentos salariales desde hace “10 o 15 años” y con horarios laborales injustos.
Al grito de “¡peritos unidos jamás serán vencidos!”, señalaron que no cuentan con los recursos ni con el personal suficiente para desempeñar su trabajo y atender a la ciudadanía; además, exigieron que las autoridades y mandos cumplan con perfiles éticos y conocimientos en las áreas donde se desempeñan.
Según explicaron a medios de comunicación, los especialistas en distintas materias como forense y criminalística enfrentan cargas excesivas de trabajo y maltrato laboral, por lo que pidieron la renuncia de la coordinadora del área, María Seberina Ortega.
Los peritos juegan un papel importante en la impartición de justicia en la capital mexicana, ya que aportan conocimientos técnicos y científicos para esclarecer hechos y pruebas en procesos judiciales.
çDescontento de abogados de oficio
Mientras los profesionales del Incifo y la Fiscalía local se manifestaron en las sedes respectivas de los organismos, simultáneamente se movilizaron en distintos puntos del centro de la ciudad los empleados de los juzgados cívicos y de la Dirección General de Servicios Legales y Defensoría Pública —abogados de oficio— pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Al igual que los peritos, exigieron mejoras salariales y denunciaron cargas excesivas de trabajo, falta de recursos materiales y tecnológicos, así como acoso laboral.
El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el avance de los inconformes sobre la avenida 20 de Noviembre e Izazaga, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.
Los defensores legales bloquearon la circulación en la calzada San Antonio Abad, a la altura de Lorenzo Bouturini y se dirigieron al Eje Central Lázaro Cárdenas para continuar enunciando sus demandas.
El descontento de los defensores legales y de los peritos abona a los rezagos en la impartición de justicia que ha ocasionado el paro laboral que iniciaron los trabajadores del TSJ-CDMX, el pasado 29 de mayo, con el cierre de los juzgados y las salas en materia familiar, ubicados sobre la avenida Juárez.
Desde entonces, en la capital mexicana se acumulan los casos de ciudadanos que buscan el acceso a la justicia y encuentran retrasos en los procesos.
La punta del iceberg
Luis Sánchez es el titular del despacho jurídico Larrea Sánchez Jasso y Colón. Es litigante y ha ejercido como penalista, por lo que la situación del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) lo afecta directamente a él, a sus trabajadores y a quienes representa legalmente.
El pasado 31 de mayo compartió con este medio su diagnóstico sobre las condiciones de la impartición de justicia en la capital y se refirió al TSJ-CDMX como una maquinaria colapsada.
Ahora, en entrevista con Proceso, vuelve a ofrecer un análisis frente a las protestas y paros laborales recientes. Hace hincapié en la existencia de “grandes fallas estructurales” y encuentra gran parte de la causa en el “ya perpetuo” descontento de los trabajadores del tribunal, pues recuerda que en 2024 se registró un paro de casi tres meses, convocado para protestar contra la reforma al Poder Judicial. Además, menciona que en febrero pasado los trabajadores de los juzgados suspendieron intermitentemente sus actividades para reclamar las exigencias que aún mantienen y que, a casi cinco meses, siguen sin conciliar con las autoridades competentes del Gobierno capitalino y el Poder Judicial local.
Sánchez es claro con las implicaciones: “Es una pregunta que se responde sola, si yo traigo un juicio de cualquier naturaleza, el solo hecho de que cierren un juzgado implica que mi litigio se va a retardar. En lo económico, en lo social y en lo familiar, es trágico”.
Y agrega: “Es evidente que estamos ante la punta del iceberg de una debacle que se avecina (...) me afecta a mí, que me desenvuelvo como defensor privado, pero la dimensión es profunda y social, afecta también a los abogados de oficio, a los trabajadores de todos los niveles, a madres que llevan juicios sobre la custodia de sus hijos, a víctimas de todo tipo de delitos, a cualquier ciudadano que el día de mañana tenga buscar el acceso a la justicia”.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Aliados del senador Loera responden a críticas de Carlos Castillo
Luego de las declaraciones del diputado Carlos Castillo en contra del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, personas cercanas al legislador salieron públicamente a defenderlo y a cuestionar los señalamientos.
A través de redes sociales, Martha Serrano calificó de incongruentes los ataques de Castillo, recordando que antes se refería a Loera como su amigo. Además, señaló que el conflicto tendría su origen en diferencias dentro del grupo político que encabeza Ariadna Montiel.
En su mensaje, Serrano expresó respaldo total a Loera y aseguró que es una de las mejores opciones para gobernar Chihuahua.
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A pesar de lo dicho anteriormente por el Presidente de la UGRCH, Álvaro Bustillos, en donde aseguró que no tenía ninguna aspiración política, hoy una imagen promocional de su persona aparece en un medio nacional…
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La imagen publicitaria que se encontró en varias partes de este medio de comunicación, contiene la leyenda “Álvaro Bustillos: En defensa de los ganaderos y productores Chihuahuenses”, con su imagen a un lado. Cabe mencionar que esta imagen redirige a una nota del medio Excélsior.
Esta no es la primera vez que el presidente Bustillos promociona su trabajo como titular de la Unión Ganadera, pues hace unas semanas comenzó a circular un mensaje con sus logros como presidente, texto que negó financiar…
Por cierto, aunque el no se ha pronunciado sobre algún puesto en especifico, su nombre comienza a sonar para una diputación federal...
Dos estados panistas en el top 3 de homicidios dolosos
En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.
Pretende UACH vender rancho agrícola
Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.
Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH
El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
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