Senado avala superpoderes de inteligencia para la secretaría de Omar García Harfuch

Con la consigna de la oposición de que se concentró el “gobierno espía”, la mayoría oficialista aprobó en el pleno del Senado de la República la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que otorga poderes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza Omar García Harfuch para recabar datos vehiculares, biométricos, telefónicos, de empresas, comercio y fiscales.

En el pleno, senadores del PAN desplegaron mantas que decían: “gobierno espía”, mientras que legisladores de Morena colocaron otras que decían: “ustedes arman al crimen, nosotros lo estamos desarticulando”. Por su parte, los priistas colocaron cartulinas que decían: “con Morena 112 mil personas siguen desaparecidas”.

En votación en lo general, se emitieron 67 votos de senadores de Morena, PT y PVEM, y 29 en contra de legisladores de PAN y PRI, y tres abstenciones de Movimiento Ciudadano. Posteriormente se discutieron las reservas, y el documento será turnado a la titular del Ejecutivo federal para su promulgación.  

En tribuna, el senador priista Miguel Ángel Riquelme expresó que esta norma está disfrazada de modernización del sistema de seguridad, pero en realidad consolida un modelo centralista, autoritario y regresivo, debilita la autonomía de los estados y municipios, además de que legalizan la vigilancia regulada “y permite al gobierno espiar dispositivos personales.

Esta falta de control judicial abre la puerta a la vigilancia masiva, amenaza la libertad individual y el derecho a la protección de los datos personales; lo que se plantea es un Estado policial”.

El coordinador panista Ricardo Anaya hizo un resumen de al menos cuatro reformas en donde Morena aprobó compilación de bases de datos de los ciudadanos sin control judicial, por lo que consideró que este periodo extraordinario consolidó el gobierno espía. 
“El problema es que con estas herramientas van a espiar a todas y a todos los ciudadanos mexicanos”, sostuvo. 

La morenista Lucía Trasviña reviró que “no se trata de espiar, sino de actuar con responsabilidad institucional, legalidad y garantías, hablando de inteligencia para la justicia, no de vigilancia arbitraria”.

Pero Alejandra Barrales demandó controles democráticos en esta ley, pues dijo que no se dan garantías de que la SSCP y el Centro Nacional de Inteligencia salvaguarden la privacidad y la información que obtengan de las personas.  

En el pleno se género un debate porque el coordinador panista Ricardo Anaya planteó que todas estas acciones de inteligencia, incluidas la intervención de comunicaciones y geolocalización de telefonía móvil, se podrá hacer por parte de la SSPC sin orden judicial, pero Jorge Carlos Ramírez Marín reviró que sí se requerirá de mandamiento judicial con base en el artículo 16 de la Constitución. 

El dictamen aprobado establece que para realizar productos de inteligencia contra delitos como secuestro, extorsión, huachicol, desaparición de personas y robo en carreteras, la SSCP podrá solicitar a las instituciones de seguridad pública, entes públicos y privados, el envío de información contenida en cualquier registro como vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales.

Además de registros catastros, fiscales, de armas de fuego, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud y telecomunicaciones.

El dictamen establece que las estrategias de la SSPC podrá incluir la investigación forense, el rastreo de redes de comunicación y la geolocalización, todo ello con el fin último de la localización y eventual identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como la procuración de justicia para las víctimas y sus familias.

La SSPC contará con una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, integrada por  agentes analistas, investigadores de gabinete y de campo, así como con especialistas técnicos que pondrán a disposición del Ministerio Público la información obtenida, con la finalidad de que determine la pertinencia de su integración a las carpetas de investigación.

Con información de: LatinUs.