ONG acusa a familiar de Adán Augusto López de encubrir empresas fantasma
La organización Defensorxs Asociación Civil, dedicada a la defensa de los derechos humanos, que dirige Miguel Alfonso Meza, denunció que personas cercanas a Adán Augusto López estuvieron vinculadas al encubrimiento de empresas fantasma.
A través de redes sociales, Meza señaló una red familiar que habría favorecido el presunto lavado de dinero, mediante el debilitamiento de la fiscalización en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, fue nombrada como administradora general de Auditoría Fiscal del SAT en diciembre de 2018.
En su gestión, el número de empresas fantasma boletinadas se redujo en 97.3 por ciento respecto a 2017.
Luego de la salida de la familiar de Adán Augusto López en febrero de 2024, la cifra de empresas denominadas en esta categoría por la autoridad tributaria volvió a incrementarse.
"Durante su gestión como auditora fiscal, Rosalinda López se dedicó a bloquear la detección de empresas fantasmas”, mencionó en su cuenta de la red social X.
Miguel Alfonso Meza también señaló que durante ese periodo, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública y colaborador cercano de Adán Augusto López, fue identificado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora.
De acuerdo con el activista, esta organización criminal se expandió hacia Chiapas con la presunta permisividad del entonces gobernador Rutilio Escandón.
Los únicos beneficiados con el encubrimiento de Rosalinda López son los factureros, los corruptos y las organizaciones criminales que lavan dinero, incluido el cártel al cual pertenece La Barredora, célula liderada por el exsecretario de Adán Augusto”, apuntó.
Con información de excelsior.com.mx
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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.
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