El pozarricense millonario del lado oscuro de la 4T
Poza Rica, Ver.- El nombre del pozarricense Fernando Padilla Farfán ha salido a relucir en uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años. Cercano al exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Padilla Farfán ha amasado una fortuna a costa del erario público, beneficiándose de contratos millonarios entregados de manera directa y sin competencia en entidades gobernadas por aliados políticos.
Tan solo en Chiapas y Tabasco, durante las administraciones de Rutilio Escandón —cuñado de Adán Augusto— y del propio exgobernador tabasqueño, Padilla Farfán recibió más de 2 mil millones de pesos en contratos. A esta cifra se suman los más de mil millones de pesos adjudicados por el gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La estrategia ha sido clara: mediante una red de empresas fachada —entre las que destacan Línea Médica del Sur, FMedical, Grupo Cocei y Servicios para la Salud Abies—, Padilla Farfán no solo acapara contratos públicos, sino que ha desviado recursos para fines políticos.
Una muestra de ello ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde camiones financiados con recursos públicos fueron utilizados para promover la imagen de Andrea Chávez, senadora y aspirante a gobernadora de la entidad. Este movimiento político le valió a Padilla y a Chávez una denuncia por 15 delitos relacionados con corrupción y desvío de recursos.
El escándalo creció aún más cuando se reveló que Andrea Chávez utilizaba ambulancias del gobierno del Estado de México para promocionar su imagen, lo que destapó la conexión directa con Padilla Farfán. Esto, a pesar de que en un debate público la senadora aseguró que no existía un solo contrato con el empresario tabasqueño, lo cual resultó ser falso: las unidades móviles que utiliza en su campaña fueron «donadas» por FMedical, empresa controlada por Padilla.
El entramado empresarial de Fernando Padilla también incluye a la revista Líder de México, conocida por publicitar la imagen de Adán Augusto López en espectaculares durante su intento de ser candidato presidencial. Esta revista forma parte de Grupo Cocei, consorcio empresarial de Padilla.
En Baja California, su negocio alcanzó niveles insospechados. A través de adjudicaciones directas, Padilla Farfán se hizo de proyectos insignia como el Hospital de La Morita en Tijuana —cuyo costo se duplicó de 223 a 468 millones de pesos— y las Clínicas del Bienestar, un esquema temporal que ha servido más para despilfarrar recursos públicos que para mejorar el acceso a la salud.
El contrato DAD-ADQ-BIENESTAR-20-24 detalla que Servicios para la Salud Abies, fundada apenas dos meses después de la victoria de AMLO en 2018, es propiedad de Padilla Farfán y su socia María Cristina Domínguez Ortiz. Desde entonces, la empresa ha operado en Chiapas, Tabasco y Baja California, convirtiéndose en la favorita de los gobiernos aliados a López Hernández.
Incluso, el hospital de La Morita fue adjudicado a Consorcio Inmobiliario y Constructora ASPEN, otra empresa de Padilla, ligada a FMedical y con domicilio compartido en Mexicali. Solo en tres contratos estratégicos, el gobierno de Baja California le ha entregado más de mil 300 millones de pesos.
El modus operandi de Padilla Farfán es claro: aprovechar sus nexos políticos, crear empresas a modo y concentrar contratos multimillonarios a través de adjudicaciones directas. Pero lo más grave es que parte de esos recursos públicos no solo terminan en sus bolsillos, sino que financian campañas y operaciones políticas en todo el país, convirtiendo a este empresario en un actor clave de la corrupción moderna ligada al lopezobradorismo.
Con información de: La opinión de poza rica.
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Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.
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