Gerardo Vargas Landeros gana batalla legal contra la “guerra sucia” del gobernador Rocha Moya

En lo que representaría un revés legal contra el gobernador Rubén Rocha Moya, un juez federal ordenó este miércoles la restitución inmediata de Gerardo Vargas Landeros como Presidente Municipal de Ahome, reconociendo su derecho constitucional
a ejercer el cargo para el que fue electo por el voto popular para el periodo 2024–2027.

Esta resolución representa no solo un triunfo jurídico para Vargas Landeros, sino también un freno a la guerra sucia orquestada desde el Ejecutivo estatal, que ha buscado desarticular gobiernos municipales incómodos mediante procedimientos políticos e
institucionales cuestionables.

El juez federal concedió la suspensión dentro del juicio de amparo promovido por Vargas Landeros, en respuesta a la declaratoria de procedencia impulsada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y ejecutada por el Congreso local los días 1 y 2 de mayo.
Con base en supuestas investigaciones de corrupción, se le retiró el fuero, se le separó del cargo y se declaró vacante la presidencia municipal.

Sin embargo, el fallo federal —inapelable— determinó que dicha actuación violó principios constitucionales y ordenó restituir a Vargas Landeros en su cargo en un plazo máximo de 48 horas, garantizándole el pleno ejercicio de sus funciones, el pago de emolumentos y acceso total a los recursos institucionales.

Este episodio se suma a un preocupante patrón en Sinaloa, donde el gobernador Rocha Moya ha promovido la destitución de alcaldes que no se alinean con su grupo político. Casos anteriores como los de Jesús Estrada Ferreiro (Culiacán, 2022) y
Guillermo Benítez (Mazatlán, 2023) demuestran una estrategia sistemática de eliminación política a través del uso faccioso de las instituciones estatales.

En Ahome, esta intentona incluyó un proceso confuso y opaco en el que tres personas distintas fueron nombradas como alcaldes sustitutos en menos de 48 horas, incluyendo el intento de desplazar a Rosa Margarita Velázquez, regidora designada legalmente por el Cabildo, mediante presiones del entorno cercano a Rocha Moya.

Además, el alcalde sustituto designado por el Congreso, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, ha incurrido en actos de intimidación política, como amenazar con destituir a regidores que no se alineen con su facción, lo que refuerza la narrativa de una operación de control autoritario en los municipios.

La resolución del juez federal representa un triunfo del Estado de Derecho y del principio de soberanía popular frente a intereses políticos de corto alcance. Pese a estar vinculado a proceso por denuncias que aún no han sido judicializadas en forma definitiva, Gerardo Vargas Landeros mantiene sus derechos intactos y debe ejercer el cargo hasta que exista una sentencia firme, como lo establece la Constitución.

Esta guerra sucia no solo atenta contra un individuo, sino contra la voluntad democrática del pueblo de Ahome, que eligió libremente a su presidente municipal. La sentencia deja claro que ni el uso faccioso de fiscalías, ni el abuso del poder legislativo, pueden estar por encima de la ley ni del mandato ciudadano.

Con información de: Proceso.