
La tarde de ayer se dio a conocer que el juez federal del Séptimo de Distrito, con sede en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó la liberación inmediata de José Luis Arellano Cuarón, propietario del Crematorio Plenitud, al considerar que su conducta no se ajustó a los tipos penales por los que la Fiscalía General del Estado logró vincularlo a proceso, tras localizar 386 cuerpos sin cremar.
Debido a esta situación, familiares de las víctimas, cuyos cuerpos fueron localizados en el crematorio Plenitud, se manifestaron la noche de ayer al exterior del Centro de Reinserción Social número 3, donde exigieron que no se dejara en libertad al propietario.
“No es justo que lo dejen salir, es nuestra familia. Si fuera la de él, andaba moviéndose; pero como somos gente humilde, que no tenemos un peso y él está podrido en dinero, el gobierno lo está apoyando”, expresó una de las afectadas.
“Por ser pobres no nos hacen caso, no somos animales, ¿por qué nos tratan así?”, cuestionó una de las afectadas.
De acuerdo con la declaración del fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, uno de los argumentos del juez federal fue que “en uno de ellos dice que él nunca ocultó los cadáveres; que lo que pasa es que su negocio, por su naturaleza, era un negocio no público, entonces que no se puede hablar de ocultamiento de cadáveres y que la ley no establece un plazo específico para cremar”.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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