La Paradoja del IMSS en Chihuahua: Entre Aportación y Abandono Federal

La situación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua representa una de las contradicciones más flagrantes del federalismo mexicano contemporáneo. Mientras el estado se consolida como uno de los principales contribuyentes al sistema de seguridad social nacional, la inversión federal en infraestructura hospitalaria brilla por su ausencia, configurando un escenario que roza lo absurdo desde cualquier perspectiva de equidad distributiva.

Los números hablan por sí solos y revelan una realidad incómoda para el gobierno federal. Chihuahua se posiciona entre las diez entidades que más aportan al IMSS, con más de un millón de personas aseguradas y 1,030,000 empleos formales registrados, manteniendo un Salario Base de Cotización promedio superior a los 620 pesos diarios. Sin embargo, esta generosa contribución —que supera los 10 mil millones de pesos anuales— no se ve reflejada en la asignación presupuestal para nuevos proyectos hospitalarios. Como señala el diputado Jorge Soto, entre 2018 y 2025 el IMSS destinó más de 50 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria en distintos estados, "y ni un solo peso para construir un nuevo hospital en la capital de Chihuahua".

Esta inequidad presupuestal adquiere tintes más preocupantes cuando consideramos que la capital chihuahuense no ha visto la construcción de un nuevo hospital federal en más de cinco décadas. El Hospital Morelos, principal unidad médica del IMSS en la ciudad, resulta claramente insuficiente para atender las demandas de una población en crecimiento, con patrones migratorios internos dinámicos y un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. La infraestructura sanitaria federal no ha logrado acompañar el ritmo de transformación socioeconómica de una entidad que se ha convertido en motor industrial del norte del país.

El trasfondo político de esta exclusión sistemática se hace evidente cuando analizamos las declaraciones del coordinador de los diputados del PAN en el congreso local; Alfredo Chávez Madrid, quien sostiene que la exclusión obedece a razones políticas más que técnicas. Los estados que no se adhirieron al modelo IMSS-Bienestar fueron sistemáticamente excluidos del nuevo plan de infraestructura hospitalaria, revelando una lógica punitiva que condiciona la inversión en salud pública al alineamiento político con las directrices federales.

Esta situación plantea interrogantes profundas sobre la naturaleza del pacto federal mexicano. ¿Es admisible que un estado que contribuye significativamente al erario nacional sea sistemáticamente excluido de programas de inversión pública por mantener un modelo de salud estatal independiente? ¿Qué mensaje se envía a las entidades federativas cuando el gobierno central utiliza la infraestructura sanitaria como instrumento de presión política?

La respuesta del gobierno estatal, que califica como "un retroceso" la adhesión al IMSS-Bienestar debido a las "severas deficiencias" del programa federal, no carece de fundamento. Sin embargo, esta resistencia no debería traducirse en el abandono de los derechohabientes chihuahuenses, quienes se encuentran atrapados en una disputa política que compromete su acceso a servicios de salud de calidad.

La situación actual del IMSS en Chihuahua ilustra vívidamente las tensiones inherentes al federalismo mexicano, donde la centralización de recursos choca con las aspiraciones autonómicas de los estados. Más allá de las consideraciones partidistas, lo que está en juego es el derecho fundamental a la salud de más de un millón de chihuahuenses que merecen servicios médicos acordes con su contribución al sistema nacional de seguridad social. Al tiempo.