INE confirma entrega de bono electoral a Taddei por más de 240 mil pesos y a personal por carga laboral en elección judicial

Tal como sucedió el año pasado en la elección presidencial, el Instituto Nacional Electoral (INE) proporcionó un bono de dos meses de salario a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y el resto de los consejeros, así como a todo el personal del Servicio Profesional Electoral por concepto de carga laboral durante la pasada elección de jueces, ministros y magistrados.

El sueldo bruto de la consejera Taddei es de 262 mil 634 pesos, y neto de 120 mil 392 pesos, por lo que su bono neto fue 240 mil 784 pesos, de acuerdo con el oficio INE/DEA/CEI/1018/2025 de la Dirección Ejecutiva de Administración del órgano electoral nacional.

Para cumplir con la entrega del bono a todo el personal operativo del instituto, el INE tuvo que invertir alrededor de 23 mil 757 millones de pesos, cantidad similar a la que invirtió el año pasado en ese concepto por la elección presidencial.

El bono se contempla para consejeros, directores ejecutivos, directores de área, coordinadores, subdirectores de área y personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

La remuneración extraordinaria a consejeros y personal, derivada de las labores extraordinarias con motivo de la carga laboral que representa el año electoral, fue proporcionado en dos partes: la primera en marzo y la segunda en mayo pasado.

El llamado "bono electoral" se otorga a los funcionarios electorales desde los procesos electorales federales de 1993, incluyendo la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2020-2021). En el caso de consejeros la percepción se entregó hasta el 2012, y en 2024 dicho pago extraordinario se retomó para los consejeros electorales, a propuesta de Taddei Zavala.

Dicha percepción extraordinaria al personal del instituto fue aprobada el 8 de marzo de este año por la Junta General Ejecutiva, mediante el acuerdo INE/JGE40/2025, donde se establecieron las bases para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 67, fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Con información de Latinus

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El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.

El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.

La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.

El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.

 La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.

Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).

El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.

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