
En los últimos meses, al estar cercana al Congreso y observar de manera más directa el funcionamiento del poder legislativo, he notado un fenómeno que refleja una contradicción entre el ideal democrático y la práctica cotidiana. Si bien la ciudadanía deposita su confianza en las urnas para que sus representantes actúen en favor de sus intereses, en la realidad muchas de las decisiones dentro del pleno parecen responder más a vínculos de fraternidad, amistad o enemistad entre legisladores que a un compromiso con las demandas sociales, resultando en que la iniciativa con más fundamento del pueblo sea olvidada en el pleno.
Existen, sin duda, excepciones valiosas de representantes que honran la voz de quienes los eligieron; sin embargo, la regla general deja ver un déficit de profesionalismo político que impacta directamente en la calidad del trabajo legislativo y, en consecuencia, en la confianza ciudadana. La ciudadanía termina quedando pues olvidada, limitada a participar únicamente en el momento electoral, sin que esa representación se traduzca en una defensa auténtica de sus intereses.
Este panorama plantea la necesidad volver a pensar el ejercicio de la función legislativa. Sería interesante impulsar una cultura de mayor profesionalismo dentro de los órganos legislativos, donde prevalezca la formación, la técnica y la ética parlamentaria por encima de afinidades personales o partidistas. Este año hemos sido testigo de situaciones como la ocurrida el 27 de agosto de este mismo año, en la cual el dos legisladores incurren a la violencia física para “atender” una cuestión tan simple como la comunicación dentro de la cámara de senadores. Muchas veces parece que no contamos con representante serios que están en esa posición por gusto o por apoyar a la gente que los eligió, confío en que las próximas generaciones de legisladores puedan asumir este reto, y que la política del futuro logre reorientarse hacia un ejercicio más responsable, transparente y genuinamente ciudadano.