Tips en Cascada, 01 de septiembre 2025

Ha pasado casi desapercibido para muchos, que la renuncia de Jazmín Yadira Alanís Reza a la titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no fue un simple cambio de puesto, para la magistratura en la que fue electa sino estrategia política donde detrás de ello está el Grupo Coyoacán, de Ariadna Montiel.

Alanís Reza fue excluida de la lista de candidatos a magistrada por el Poder Legislativo, y reapareció en las listas propuestas tanto por el Poder Judicial como por el Poder Ejecutivo, algo que fue casualidad. Tanto ella, ahora magistrada del Tribunal de Disciplina, como Yamil Athié, electo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, están directamente vinculados con el llamado "Grupo Coyoacán", encabezado a nivel nacional por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quién los "adoptó" cuando fueron excluidos de las listas del PRIAN...

La información indica que Jazmín Alanís está en camino de presidir el Tribunal de Disciplina en un par de años, mientras que Yamil Athié se perfila para la presidencia del Poder Judicial en el mismo lapso. Esta jugada, aparentemente no vista por las fuerzas del PRIAN, les daría a los “morenos” un control significativo sobre la estructura judicial de Chihuahua.

No queda sólo eso, sino que Judith Ávila Burciaga, electa por el Congreso como magistrada del Órgano de Administración del Tribunal de Alzada, muestra vínculos con Morena. La insistencia con la que el coordinador de los diputados de este partido, Cuauhtémoc Estrada, elogió su trayectoria no hizo más que confirmar las sospechas de una conexión directa.

El "Grupo Coyoacán" ha logrado una incursión discreta pero importante en el sistema de justicia en Chihuahua, en dos años, este grupo podría ejercer una influencia considerable no solo en la administración judicial, sino también en el ámbito electoral. Cuando tienen además control de los programas sociales que maneja la delegación del Bienestar donde despacha Mayra Chávez bajo las órdenes de su Ariadna Montiel.
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Algunos grupos al interior de Morena  calificaron como un  “descaro” y hasta una "burla, el que Marco Quesada y Miguel Latorre hayan lanzado su nuevo proyecto bajo el mote de "Los Chapulines", como les llaman en el partido guinda, porque están tan marcados por el PRIAN que la realidad les terminó por vencer.

“Los Chapulines” así bautizaron con orgullo el podcast donde, según ellos, abordan temas que "no se cubren en los medios convencionales". Es una clara referencia a la jerga política que se usa para describir a aquellos que saltan de un partido a otro.

Dicen que la etiqueta de "chapulín" les queda como anillo al dedo. Quezada, un exalcalde priista del sexenio de César Duarte, y Latorre, exdiputado local por el PAN que renunció al panismo tras no obtener la candidatura a la alcaldía. Renunciaron a sus lealtades hacia el PRIAN por Morena para pretender ser de nuevo candidatos.

El estreno de “los chapulines” se da después de que la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, reconociera que "hay prianistas que han fortalecido a Morena y que llegan a sumar". Ellos han defendido su "calidad moral" para representar a la 4T, argumentando que los votos que le dieron a Morena en la pasada elección les otorgan ese derecho.

La ironía que aquellos defensores del viejo régimen a Duarte y Corral, hora se presentan como la nueva cara de la 4T, su pasado es una marca difícil de borrar, aunque Brighite Granados los ha llamado "los referentes", mientras ellos se apropian del término "chapulines".

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Los diputados de Morena, en un intento de capitalizar políticamente el inicio del ciclo escolar, han dejado en ridículo a sus propios líderes y autoridades, propusieron exhortar a la Secretaría de Educación a no solicitar actas de nacimiento con vigencia limitada como requisito de inscripción.

El problema es que exhibieron una profunda desinformación, parecen ignorar que, al menos por parte de la Secretaría de Educación y Deporte, el acta de nacimiento no es un documento que se solicite con criterios de temporalidad, en pocas palabras fue puro circo.

Este intento de politizar la educación no solo muestra un desconocimiento de los procesos administrativos básicos, sino que también parece que no tiene comunicación con sus aliados políticos, como el delegado de la SEP, Ulises García Soto, y a los líderes sindicales, particularmente de la Sección 42, como Manuel Quiroz. 

Al presentar una propuesta basada en una premisa falsa, los diputados de Morena no solo se desacreditan, en lugar de centrarse en la infraestructura, la capacitación docente o la calidad de la enseñanza, los legisladores optan por un show y la politización de un tema tan sensible como la educación.
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En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, organizaciones como la Asociación Civil “Justicia Para Nuestras Hijas” y la Comisión Estatal de Víctimas han solicitado la creación de una nueva fiscalía para la atención de casos de desaparición. 
De qué sirven entonces las fiscalías especializadas ya existentes, como la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, bajo la titularidad de Ada Miriam Aguilera Mercado, así que la creación de una nueva fiscalía, como se ha planteado, no solo parecería un acto de burocracia innecesaria, sino genera sospechas sobre sus verdaderos motivos.

Para algunos, es riesgo que nuevas dependencias se conviertan en posiciones de presión política. Si una fiscalía ya existente no satisface en los resultados esperados, por qué una nueva lo haría.

Además, que dicen que la intención es que la propuesta para el titular de esta nueva fiscalía sea designada por las mismas organizaciones civiles, junto con los puestos subordinados. La petición aun cuando es legítima en su fondo, podría estar mal encaminada si se enfoca en inflar la burocracia.

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¡Hay tiro!, o al menos los militantes del PAN en Camargo así lo han denominado, pues el pleito con el que iniciaron el año, el alcalde, Jorge Aldana y el diputado, Arturo Zubia, continua, sumándose a este dimes y diretes el ex diputado, Luis Alberto Aguilar. 

Y es que de último momento este fin de semana saltó una planilla liderada por Arturo Zubía, para la conformación del PAN Municipal, en aquel municipio, pues la única que estaba registrada, era una liderada por Jorge Aldana. 

Lo que pasa en aquel municipio es lo mismo que en todos y en la Capital no es la excepción, solo que allá, dicen, no existe un personaje de “unidad”, que pueda sumar a todos los personajes en una sola, por eso en los próximos días se llamará a todos los militantes en participar en la elección.

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Todo parece indicar que la gobernadora Maru Campos, habrá de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum a la entrega de su informe ante el Congreso de la Unión, y por la tarde la mandataria estará presente en la toma de protesta de los magistrados y jueces de Chihuahua en la sesión solemne a realizarse en el Centro de Convenciones.

Ya han sido varios los gobernadores que han confirmado la asistencia al informe de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tal es el caso de Margarita González de Morelos, de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, de Puebla Alejandro Armenta, entre otros, y se regresan a sus entidades federativas para presenciar la sesión de apertura del segundo año legislativo en los congresos correspondientes.

La presidenta Sheinbaum presentará este lunes 1 de septiembre su primer informe de gobierno desde Palacio Nacional. Han sido invitados los nuevos ministros de la Suprema Corte: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero e Irving Espinosa Betanzo; integrantes del gabinete legal y ampliado, legisladores, gobernadores y miembros de Morena.

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América Aguilar fue la representación del PT que decidió no acudir a la sesión para la toma de protesta de Judith Ávila Burciaga como representante del Poder Legislativo para ser integrante del Órgano de Administración del Poder Judicial.

No sólo fue la única diputada que no participó con el voto en favor de la hoy designada, sino que además no votó por la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Fuentes al interior de la corporación Estatal revelaron un hecho que desnuda, una vez más, la frágil línea entre autoridad y crimen organizado en la sierra de Chihuahua.

El pasado domingo 24 de agosto, un grupo de elementos de la Policía Estatal se topó con un camión de carga en el tramo que conecta El Vergel con Guadalupe y Calvo, a esa hora las cinco de la mañana resultaba sospechoso que un vehículo de tal magnitud circulara por carreteras tan estrechas y solitarias, los agentes, según las versiones internas, hicieron la revisión de rutina, el chofer no pudo acreditar ni el destino ni el tipo de “químicos” que transportaba, ante la presión, optó por la “salida más práctica”: ofrecer 70 mil pesos en efectivo a los uniformados, una cantidad, citan las fuentes, tan elevada que enciende todas las alarmas: ¿quién se arriesga a circular por esas brechas con semejante suma, si no es porque detrás hay un cargamento ligado a la fabricación de drogas sintéticas? Las mismas investigaciones han documentado que en la sierra existen laboratorios móviles, improvisados, fáciles de montar para producir fentanilo.

Pero el “ajuste de cuentas” llegó pronto, al día siguiente, un convoy de estatales que subía a relevar a sus compañeros fue interceptado por miembros del crimen organizado, no hubo negociación posible: los bajaron, los rodearon y aplicaron viejos métodos de interrogatorio, con tablazos, hasta arrancarles información. Querían saber quiénes eran el “Comandante Rojo” y el “02 Jonathan”, a quienes señalaban como los responsables de haber despojado al camionero de su efectivo.

Es decir, los estatales no fueron tableados “de a gratis”, fue un mensaje directo: los grupos criminales no perdonan lo que consideran una afrenta a sus operaciones, y  mientras esto ocurría en la sierra, las mismas fuentes internas critican 
que el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, se encontraba muy lejos de la realidad que golpea a Chihuahua. 

Acompañado de sus “superpolicías” los subsecretarios de Inteligencia y del grupo SWAT, Sugey y Aguirre andaba de gira en Colombia, presumiendo capacitaciones y diplomados. Muy ilustrativo todo… pero inútil si no lo aplican en el estado que les paga jugosos sueldos y donde la violencia crece sin freno, la seguridad, coinciden las voces críticas dentro de la corporación, está en caída libre, y lo sucedido en El Vergel es solo una muestra de la descomposición: estatales tableados, crimen organizado mandando mensajes, y un aparato de seguridad más preocupado por las fotos internacionales que por poner orden en casa.

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Hay de maneras a maneras de ejercer una "mordida". Pero de ahí a que ya agentes escalen en su coacción a ciudadanos, pidiendo transferencias, ya es otro boleto...

Resulta que mandos de la propia dependencia, detectaron de nueva cuenta el nombre de Jorge Esteban C. G. agente de la Policía Vial, quien aparece vinculado a la corrupción. No es nuevo. 

Ya antes había enfrentado señalamientos, expedientes y hasta procesos judiciales. Sin embargo, ahí sigue, con placa, patrulla y poder "para negociar la ley al mejor postor".

El más reciente caso raya en lo grotesco: pedir la “mordida” no en efectivo, sino vía transferencia bancaria, dejando como rastro un comprobante que lo señala más que cualquier testigo. Una evidencia digital que desnuda la práctica que se supone la autoridad combate.

La pregunta es inevitable: ¿qué hacen los directivos de la Policía Vial permitiendo que personajes con antecedentes de corrupción sigan operando en las calles? ¿Cómo se explica que un agente con historial turbio no solo conserve su empleo, sino que se atreva a repetir los mismos actos, con la certeza de que no pasará nada?

La respuesta está en la complicidad institucional. Porque en cualquier corporación seria, un elemento con esa trayectoria habría sido separado de inmediato. 

Mientras tanto, la ciudadanía paga doble: primero con la multa oficial y después con el soborno que el propio policía impone.

Y quienes deberían garantizar orden y legalidad se convierten en facilitadores de la corrupción, con el silencio y la omisión como cómplices principales.

Si la Dirección de la Policía Vial quiere recuperar un mínimo de credibilidad, debe empezar por limpiar su propia casa. 

Y ese trabajo comienza quitando la placa a quienes la han convertido en un negocio personal. Y más ahora en que el titular, César Komaba, ya deja la dependencia para ponerse la cachucha de político.