Tips en Cascada, 29 de Septiembre de 2025 

La presidenta nacional de Morena, Lui a María Alcalde, le regaló esta semana a los mexicanos otra más de sus ocurrencias o dislates, al declarar que "el huachicol se había terminado en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador" y de su justificación lo único que queda es "contrabando de combustible que viene del extranjero", en un intento de desviar la atención de un problema que, por su magnitud y las evidencias de corrupción, es innegable. 

La dirigente morenista busca, a toda costa pero con una torpeza política visible, blindar la imagen de su movimiento y su administración de cualquier sombra de la corrupción, de la cuál Morena y la 4T es una sola alberca, algo que ya ha sido muy común.

Poco después de su categórica negación, se reveló una noticia que la desmiente, pues resulta que los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo de trabajo bilateral específicamente para prevenir el fraudulento huachicol Fiscal, que tiene embarrado a medio Morena.... 

A esto se le suma el contrabando en aduanas que evade miles de millones en impuestos, en activo que desangra las finanzas de Pemex y del país, donde la cooperación binacional es real de una amenaza presente y transnacional.

A inicios de septiembre, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas en una red de huachicol que operaba en Tamaulipas, un grupo que incluía empresarios, exfuncionarios de aduanas, y cinco marinos en activo. Es decir que contra todo intento de limpiar a Morena, para Luisa Alcalde, las organizaciones criminales siguen activas y han evolucionado hacia el huachicol fiscal infiltrando a las instituciones del Estado. 

Hay que recordar que otras polémicas que involucran a la presidenta de Morena, fue su intento de cuestionar la presunta inocencia de Felipe Calderón sobre el caso García Luna y palidecen frente a escándalos que salpican directamente a su partido, como el caso del exsecretario de Adán Augusto López en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien presuntamente resultó ser líder criminal de "La Barredora", o la red de presunto lavado de dinero de Adán Augusto López por millones de pesos omitidos en sus declaraciones patrimoniales. 
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La escena fue, a todas luces, un espectáculo de " lealtades cruzadas": en la zona de prensa de la visita presidencial de Claudia Sheinbaum apareció alguien que no debía estar ahí. No era reportero, sino un servidor público del Poder Judicial del Estado de Chihuahua al que, dicen, le fue obsequiado el puesto de director de Administración en Ciudad Juárez. 

La imagen, más que anecdótica, revela una trama de favores y militancias que permea las instituciones. Observadores del Poder Judicial apuntan a que Israel Hernández, entró en horario laboral y sin invitación a la presentación del informe morenista, fue criticado no solo como un desliz personal; es la puesta en escena de una cultura donde la militancia pesa más que la responsabilidad pública. Que haya recurrido a sus contactos partidistas para conseguir acreditación como reportero es prueba de cómo los lazos políticos se traducen en privilegios.

Pero el episodio tiene aristas adicionales. La apuesta de Hernández parece doble: demostrar fidelidad a Claudia Sheinbaum y, a la vez, buscar congraciarse con la recién nombrada presidenta del TSJ, Marcela Herrera. En el juego de poder local, agradar “a diestra y siniestra” no es un gesto inocente, sino una estrategia para posicionarse y proteger intereses. 

Y mientras tanto, algunos recuerdan que Hernández fue pieza clave en operaciones mediáticas durante la administración de Javier Corral, facilitando filtraciones y el trabajo de medios en procesos judiciales desde palacio, como el caso de María Eugenia Campos, eso convierte al personaje en un eslabón entre épocas políticas y prácticas cuestionables.

A lo anterior se suma, según fuentes, que Israel Hernández ha solicitado a personas cercanas a Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, "que hablen bien de él" para continuar como funcionario del Poder Judicial, dado que en poco tiempo su protector, Carlos de Lascuráin, entregará la estafeta como Administrador General, las sospechas de que le permitió negocios con proveedores y de que estuvo implicado en irregularidades como la caída de una barda perimetral hablan de prácticas que deben investigarse con rigor, no relativizarse como anécdotas administrativas.

Queda en el ambiente una pregunta inquietante: ¿quién vigila a quienes manejan los hilos administrativos del Poder Judicial? Hoy esa responsabilidad recae en Karla Reyes, presidenta del Órgano de Administración, cuya tarea debería ser clara y firme: supervisar las salidas y actividades de funcionarios como Hernández para evitar que usurpen funciones o se presenten como representantes de los medios de comunicación. La transparencia y la probidad institucional no soportan atajos ni complicidades.

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Sesiona la Junta de Coordinación Política para aprobar los enroques previstos que reconfiguran la cúpula legislativa. Con la Presidencia de la Mesa Directiva ahora en manos del PRI, encabezada por Guillermo Ramírez, era natural que la coordinación de la JUCOPO recayera en Morena, siendo el diputado Cuauhtémoc Estrada el nuevo mando.  

El Grupo Parlamentario del PRI también movió sus piezas internas, nombrando a Luis Fernando Chacón como su nuevo subcoordinador. A ello se suma la reconfiguración en la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde sale Arturo Zubía y sube Alfredo Chávez.

En la Jucopo se realizará la discusión y votación del anteproyecto de presupuesto para el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE). Mientras que la ASE parece mantenerse en una cifra más controlada, cercana a los 250 millones de pesos, el Poder Legislativo se perfila para recibir un incremento que excede con creces la justificación de la inflación.

 El aumento propuesto no es solo del 6% de la inflación; se añade un punto porcentual adicional, elevando el presupuesto total del Congreso a la significativa cifra de 900 millones de pesos.

La justificación oficial para este robusto incremento, como es costumbre, se ampara en criterios de "racionalidad y eficiencia", cuando en este  2025 el Congreso ejerció una cuestionable inversión en la Adquisición de un Sistema Integral de Operaciones por 40 millones de pesos. 
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Hablando de licitaciones, este lunes será la apertura de propuestas de las 107 lonas para espectaculares que contratará el gobierno del Estado a través de la Coordinación de Comunicación, que tienen como finalidad, la difusión de campañas institucionales, obras y/o servicios del Gobierno del Estado, las cuales se encuentran ubicadas dentro del territorio del Estado de Chihuahua.

Para la zona norte la propuesta de contratación es de los 240 mil a los 600 mil pesos, para la zona centro, de 200 mil a 500 mil pesos y para zona sur que comprende la Sierra de 280 mil a 700 mil pesos, es decir que en el peor de los escenarios y montos serán casi 2 millones de pesos. 

El contratante se encargará tanto de la impresión, la instalación de lo solicitado, como la desinstalación de los materiales que se encuentren publicados y deberá cumplir sin excepción alguna, con las normas y formatos establecidos.
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La gira de "rendición de cuentas" de la presidenta Claudia Sheinbaum que tuvo en Chihuahua y Jalisco, tuvo silencio de los gobernadores que no pertenecen a la Cuarta Transformación. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos fue la primera que no dio voz ni espacio para dirigirse a los asistentes durante la visita presidencial a su estado.

Lo ocurrido en Chihuahua resultó ser una antesala de lo ocurrido este fin de semana en Jalisco. El gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, replicó lo mismo, sin embargo tuvo que enfrentar una ráfaga de abucheos y consignas por parte de los asistentes, tanto que la propia Sheinbaum tuvo que intervenir, advirtiendo a la multitud que, si no había respeto al gobernador, el evento sería cancelado "Si no hay respeto, nos vamos todos", sentenció la presidenta.

En Chihuahua, el silencio de Maru Campos fue considerado como un acto apropósito frente un mitin político disfrazado de informe, en Jalisco la presidenta dejó en claro que  domina el foro, mientras el mandatario local queda reducido a un mero testigo incómodo, incluso la exigencia de justicia de familias de desaparecidos se perdió en el ruido de los abucheos del protagonismo de la disputa partidista.
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A nivel nacional se informa del despliegue  de Fuerzas Armadas, dónde se han dispersado cerca de 270 efectivos de Fuerzas Especiales en los estados de Chihuahua y Baja California, con el objetivo de reforzar las operaciones de seguridad que ya realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Se destaca especialmente Ciudad Juárez, como punto estratégico en la seguridad fronteriza.

Esto ocurre mientras que Chihuahua sigue siendo mencionado en las estadísticas nacionales de seguridad, ya que la incidencia delictiva, particularmente los homicidios dolosos, mantiene al estado en el foco de la atención nacional.
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En redes sociales ahora se ha bautizado el "Cártel de Macuspana”, en referencia al origen del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se señala a exfuncionarios y aliados de los círculos más íntimos del poder, incluyendo a los hijos del expresidente.
Señalan que el partido en el gobierno se ha convertido en el "gran encubridor de criminales y terroristas".

De los llamados " narcogobernadores" se señalan a  Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Rubén Rocha. En desfalco en SEGALMEX al padrino político de AMLO, Ignacio Ovalle, mientras que en el llamado Huachicol Fiscal a mandos de la Marina como José Rafael Ojeda Durán.

Sobre  "La Barredora", está el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como supuesto líder criminal junto a su ex jefe Adán Augusto López.

A los hijos de López Obrador le llaman "El Clan de Andy", así como el "El Financiador de Campañas", donde incluyen a "Andy" y José Ramón López Beltrán, junto a "Bobby" Beltrán, en escándalos de influencia y tráfico de intereses, mientras que Sergio Carmona, el fallecido empresario de Tamaulipas, es etiquetado como el "Financiador de Campañas”.