
En Derecho nos enseñan un principio que parece simple, pero que encierra una lógica implacable: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esa máxima jurídica hoy describe con claridad lo que ocurre con el senador Adán Augusto López y, de manera inevitable, con quienes han apostado su carrera a la sombra de su nombre. En Chihuahua, Andrea Chávez se ha colocado en la conversación pública más por estrategia mediática que por logros legislativos, y su cercanía con Adán Augusto la deja expuesta a los mismos cuestionamientos.
El caso es conocido. López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado, se vio obligado a salir a conferencia de prensa el 26 de septiembre tras revelarse inconsistencias en su patrimonio. N+ Focus documentó que recibió transferencias por más de setenta y nueve millones de pesos en los años recientes, sin que coincidieran plenamente con sus declaraciones públicas. El senador aseguró que los recursos provenían de arrendamientos, intereses y dividendos, y que había cumplido con el pago de impuestos, pero las contradicciones en sus dichos no hicieron sino aumentar el ruido.
La situación no es menor. La Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a todas las personas servidoras públicas a presentar declaración patrimonial y de intereses en sus modalidades inicial, de modificación y de conclusión, como señalan los artículos 32 y 33. Pero no se trata solo de entregar un documento, sino de que exista congruencia entre lo declarado y la realidad. Cuando la autoridad detecta inconsistencias, puede iniciar una revisión para comprobar si el patrimonio corresponde con los ingresos y el nivel de vida del servidor público. Si las diferencias son menores pueden considerarse simples omisiones y dar lugar a sanciones administrativas. Sin embargo, cuando las inconsistencias reflejan un enriquecimiento oculto o injustificado, las consecuencias pueden ser mucho más severas e implicar la destitución, la inhabilitación y sanciones económicas proporcionales al daño causado o al beneficio indebido.
El desgaste político ya es evidente. Aunque López Hernández insiste en que seguirá coordinando la bancada y presidiendo la Junta de Coordinación Política, lo cierto es que su permanencia se ha puesto sobre la mesa dentro de Morena. La narrativa de austeridad y probidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde abril se convierte en un filtro aún más estricto: cada desliz tiene un costo reputacional doble. Y es aquí donde la figura de Andrea Chávez enfrenta su verdadero límite. Su nombre aparece en encuestas, sí, pero con resultados contradictorios que reflejan más bien el peso de la propaganda que la solidez de un proyecto propio. No hay detrás de su imagen un trabajo legislativo claro que respalde la narrativa que construye en redes.
A este escenario se suma el escándalo del llamado huachicol fiscal. Una red vinculada a mandos navales operó desde 2023 manipulando aduanas y fracciones arancelarias para introducir millones de litros de gasolina disfrazada de aditivos, con el fin de evadir el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). La fiscalización actual suma más de cien expedientes penales y un daño al erario que supera los veintidós mil millones de pesos. Si un engranaje central del Estado, como la Marina, las aduanas y el sistema fiscal, aparece minado por complicidades, la lógica que sostiene este principio se reafirma: lo accesorio no puede escapar al temblor que sacude lo principal.
El analista Vázquez Handall lo resumió con dureza: Adán Augusto se volvió un lastre. Y si lo principal tropieza, lo accesorio inevitablemente se tambalea. Andrea Chávez no es la excepción. Ha hecho del discurso su carta de presentación, pero el discurso no basta para sostener una aspiración de gobierno. Su trayectoria todavía no descansa en resultados tangibles para Chihuahua ni en iniciativas de fondo, sino en la cercanía con liderazgos que hoy atraviesan su propio desgaste.
Esa es la gran lección. Cuando la figura principal pierde pie, lo accesorio se queda sin piso firme. Y más aún en un movimiento que busca proyectar unidad y transparencia. Porque en Chihuahua no se gobierna con el discurso, sino con las acciones. Y en lo específico, con iniciativas que realmente apoyen a nuestro estado, no con la simulación de quienes confunden la política con la propaganda.