
El diputado del PRI, Guillermo Ramírez Gutiérrez, dijo que no sólo duele el “huachicol fiscal” federal y que se analizará a detalle la reforma en materia de aduanas, sin embargo también con lo que no se está de acuerdo es que se deje fuera a Chihuahua del plan de ganadería, del plan hídrico, e hospitales y salud.
Sobre la reforma nacional en materia de aduanas que presentó la presidenta de México, indicó el legislador que será un tema de análisis federal y en su momento en Chihuahua, al lamentar lo relacionado a la evasión fiscal que se hizo en el sexenio anterior con la importación de combustible, conocido como “huachicol Fiscal”.
Respecto a que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya mencionado lo del huachicol fiscal en su informe siendo que se trata de un logro de su gobierno y una reforma en turno, comentó “debemos tener un respeto por lo que está pasando a nivel nacional, si bien se reconocen los avances de los 850 mil millones, eso no se lo vamos a debatir que está funcionando”, acotó.
Sin embargo, agregó que en donde no se está de acuerdo, es que se haya dejado a Chihuahua fuera del plan de ganadería, plan hídrico del plan infraestructura hospitalaria y salud, “debemos estar unidos con diputados federales, senadores tratar de jalar recurso para Chihuahua”.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
