
• Beneficiarán a 242 familias de las colonias Franco Guzmán y Unión Antorchista
El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Jiménez, iniciaron la construcción de la red de agua potable y alcantarillado en las colonias Franco Guzmán y Unión Antorchista.
Esta obra beneficiará de manera directa a 242 familias jimenenses, quienes desde hace 23 años solicitaban el acceso al servicio básico.
El monto total de inversión asciende a los 13 millones de pesos, con lo que se garantizará la infraestructura hidráulica de calidad.
“Hoy cumplimos con un compromiso histórico para Jiménez”, destacó el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco.
“Esta obra no sólo representa infraestructura, representa justicia social para cientos de familias que esperaron más de dos décadas por agua potable y alcantarillado. Seguiremos trabajando para que ningún rincón del estado se quede atrás”, puntualizó el funcionario.
Con acciones como esta, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de atender necesidades históricas y brindar soluciones que fortalezcan el bienestar de la población.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
