Una fuerte explosión registrada la tarde de este miércoles en una vivienda ubicada en la calle Samaniego y 62 en la colonia Cerro de la Cruz, provocó la movilización de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, una joven habitante del domicilio intentaba cambiar un tanque de gas de 10 kilogramos cuando, presuntamente, una chispa provocó que el combustible se incendiara, generando un estallido y un fuerte incendio en el traspatio de la vivienda.
La mujer, al percatarse del fuego, salió corriendo a la calle para pedir auxilio. Vecinos alertaron de inmediato al número de emergencias 911, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la joven, quien resultó con quemaduras leves en uno de sus brazos. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un hospital.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
