¿Cuánto debe Ricardo Salinas? : así son los juicios que tiene el empresario en la Corte
Durante la conferencia matutina de este viernes, el gobierno federal confirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego mantiene nueve procesos abiertos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionados con adeudos fiscales que, en conjunto, ascienden a más de 48 mil millones de pesos.
Sheinbaum explica los juicios que tiene Ricardo Salinas pendientes en la Corte
De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, tres de estos casos ya cuentan con un ministro ponente asignado, mientras que los demás aún se encuentran en etapas previas dentro de tribunales colegiados y administrativos. Las autoridades subrayaron que los procesos continúan su curso legal y que el cobro de dichas deudas se realiza conforme al Código Financiero y la legislación vigente.
“Estos juicios no se resuelven de un día a otro”, explicó la funcionaria. “Hay distintos niveles de revisión, y cada uno sigue los tiempos establecidos por la ley. Además, la nueva Ley de Amparo busca agilizar estos procesos para evitar que se prolonguen indefinidamente”.
El gobierno federal reiteró que Salinas Pliego podría acceder a descuentos en multas e intereses si decide pagar antes de que los casos sean resueltos por la Corte, tal como lo establece el marco legal. Sin embargo, hasta el momento, ni el empresario ni sus representantes legales han manifestado su intención de cubrir el adeudo.
“Se ha dado toda la información y las oportunidades para regularizar su situación, pero no ha habido respuesta”, detalló la procuradora fiscal.
El caso de Salinas Pliego propietario de Grupo Salinas, conglomerado que incluye a TV Azteca, Elektra y Banco Azteca ha sido uno de los más emblemáticos en materia fiscal durante la actual administración. Las autoridades aseguran que el objetivo no es perseguir empresarios, sino garantizar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias.
Trabajan con el SAT y con Estados Unidos para que pague las deudas y demandas
También, la Presidencia destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue trabajando en distintos mecanismos legales para garantizar el pago de los adeudos, tanto de este caso como de otros similares. Además, enfatizó que la transparencia y la equidad fiscal son pilares centrales del actual gobierno.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum agregó que se reunirá con empresarios estadounidenses a quienes Salinas Pliego debe más de 580 millones de dólares.
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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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