Diputados de Morena cobran 100 mdp en atención ciudadana pese a irregularidades

Una investigación interna en la Cámara de Diputados destapó el cobro de más de 100 millones de pesos por parte de legisladores de Morena, quienes recibieron el dinero por concepto de oficinas de enlace ciudadano, de las cuales no han comprobado sus existencia ni su ubicación.

De acuerdo con El Universal, el propio coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, detectó una fuga de recursos ejercidos por más de la mitad de los 253 diputados de Morena.

Estos legisladores han cobrado mensualmente apoyos económicos destinados a la atención ciudadana y asistencia legislativa sin cumplir con las obligaciones reglamentarias.

Diputados de Morena no justifican apoyos recibidos

Según el diario, al menos 126 diputados morenistas no han comprobado la existencia de una oficina de enlace legislativo, ya sea física o virtual, tal como lo exige el artículo 8 del reglamento interno de la Cámara.

Cada uno de estos legisladores ha recibido un total de 745 mil 580 pesos entre enero y octubre de este año (74 mil 558 pesos mensuales) por concepto de asistencia legislativa y atención ciudadana, sumando un total que supera los 101 millones de pesos sin comprobación.

Adicionalmente, se señaló que el 60% de los congresistas tampoco han justificado el uso de 58 mil 297 pesos que les fueron entregados para la realización de su informe anual de labores, un requisito obligatorio.

“Se comprueba o se devuelve el dinero”, exige Monreal

Ante la flagrante violación jurídica, Monreal Ávila emitió una circular exigiendo a sus legisladores informar de inmediato la ubicación de sus oficinas de enlace y justificar el uso del dinero.

El medio señala que el mensaje privado a los congresistas ha sido claro: o comprueban el recurso o deberán devolver la totalidad del monto cobrado.

“Por este conducto, hago de su conocimiento que, dentro de las obligaciones de las y los diputados es mantener un vínculo permanente con sus representados a través de una oficina de enlace legislativo física o virtual, en el distrito y/o circunscripción al que pertenezca”, se lee en el documento revelado por El Universal.

El oficio que el Poder Legislativo buscará recortar su presupuesto para el 2026.

La problemática llevó a que algunos diputados crearan portales en internet al vapor para simular oficinas virtuales de atención ciudadana y así justificar el apoyo económico ante la coordinación administrativa.

 

Con información de: Político.mx

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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores. 

Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…


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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;

III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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