
Los contribuyentes estarán aportando 230 pesos el siguiente año para apoyar la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial, indicó la organización México Evalúa.
Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló en conferencia de prensa que luego de la reducción de la carga impositiva a Pemex, así como las transferencias de capital que se plantean para el siguiente año, prácticamente el erario se quedaría sin ingresos petroleros.
De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), se esperan 1 billón 204,300 millones de pesos por concepto de ingresos petroleros, un aumento de 1.9% en comparación con lo aprobado para este año.
Si bien el monto rebasa el billón de pesos, el erario apenas se quedaría con alrededor de 233,000 millones de pesos debido a las transferencias, vía la Secretaría de Energía (Sener) así como la menor carga impositiva, que ahora se concentra en el Derecho Petrolero para el Bienestar.
De cada 100 pesos de ingresos 75 están comprometidos
Para el siguiente año, la ILIF propone ingresos totales – sin considerar los derivados del financiamiento – por 8 billones 721,100 millones de pesos, un aumento de 4.6% respecto a lo aprobado para este año.
En este sentido, Jorge Cano señaló que 75% de estos ingresos ya están comprometidos en gastos como pensiones, costo financiero de la deuda y las transferencias a los estados y municipios.
Así, de cada 100 pesos que ingresen el siguiente año al erario, 30 se irán a las transferencias a los estados, 27 pesos para pagar las pensiones y 19 pesos para pagar deuda.
Agregó que, en términos per cápita, 48,732 pesos por persona se dirigirán a gastos fijos, frente a los 17,195 pesos que se asignarán a servicios esenciales para la población.
“(El Paquete Económico 2026) Nos deja un mensaje claro. Estamos ante un esquema fiscal cada vez más rígido (...) los compromisos del pasado nos están limitando cada vez más las oportunidades del futuro”, aseveró Mariana Campos, directora de México Evalúa.
Agregó que, como es costumbre, los estimados macroeconómicos expuestos en el Paquete Económico 2026 son optimistas, con un crecimiento del PIB entre 1.8 y 2.8%, con una inflación que se ubica dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3 por ciento.
Con información de El Economista.


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
