Hasta el César es víctima en su palacio

México es un país lleno de víctimas, eso no se puede negar. A propósito de este tema, recientemente el INEGI lanzó su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, en donde se arrojó que, durante 2024, el 29.0% de los hogares de nuestro país, tuvo al menos una o un integrante víctima de delito. Las personas encuestadas señalaron que los delitos más recurrentes en dicho periodo fueron: fraude, robo o asalto y extorsión.

En ese sentido, 23.1 millones de personas mayores de edad expresaron ser víctimas de algún delito, una tasa de prevalencia de 24 135 víctimas por cada 100 mil habitantes, en otras palabras, a 1 de cada 4 mexicanos y mexicanas “de a pie”, el Estado les quedó mal en garantizarles una de sus obligaciones más básicas que es la de brindarles seguridad y protección en su día a día.

A lo cual hay que sumar “la cifra oculta”, es decir, aquella correspondiente al hecho de la falta de denuncia por razones muy variadas y no alentadoras:  falta de tiempo, desconfianza en la autoridad, la burocracia en los trámites, falta de pruebas y el miedo a la persona agresora, entre otras.

La Ley General de Víctimas nos dice que: “se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos”.

Todo lo anterior nos lleva a cabo a un par de conclusiones: la primera de ellas, ya dicha, hay un alarmante universo de personas victimizadas en México, y la segunda, dentro de este universo, hay un grupo muy amplio de ciudadanos y ciudadanas que por diversas razones prefiere “no ser víctima” por las razones ya expuestas.

O sea sí son víctimas, personas trabajadoras que viven al día y sufren un menoscabo directo en sus derechos o bienes, pero prefieren no ser llamadas víctimas por las cifras, son resilientes.

En cambio hay alguno que otro ciudadano que: ¡ah, cómo les encanta hacerse las víctimas! Y lo hacen en contubernio con el Gobierno Estatal de Chihuahua. Aquellos que se ostentan como “César en su palacio” y desfalcaron de todo a todo al Estado, como sanguijuelas hasta el tuétano.

Entre las triquiñuelas de esta pobre víctima podemos encontrar: el desvío de más de 96 millones de pesos hacia dos de sus empresas mayoritarias, sumado al desvío de muchos millones más para el partido que lo encumbró, delitos del orden electoral, la conformación de una entramada red de sobornos para múltiples actores y actoras políticas que actualmente encabezan el poder, y hasta robarse el agua de las y los Chihuahuenses para su beneficio personal (nada más eso faltaba). Todo un engorroso expediente de más de 100,000 fojas dan cuenta de las fechorías llevadas a cabo.

Esta “nómina secreta” que durante años tejió sigue teniendo rédito político e institucional para esta “inocente” alma, pues en ella sigue perpetuando su impunidad.

Esto a través de una Fiscalía y una Secretaría de Seguridad, dependientes de la titularidad del Ejecutivo Estatal (señalada como una de las beneficiarias de dicha red), que hacen como que chambean pero en realidad entorpecen (¿por accidente?) el curso de las investigaciones; y pues ante tales errores y omisiones, no queda más que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus funciones, intervenga y recomiende que al investigado se le registre como “víctima” del Estado. Dilatando todavía más este drama que ya va para una década de averiguaciones y aún pendiente de resoluciones concretas.

Y entre que las autoridades de seguridad dicen que no hay acoso policiaco, y que los drones son de cualquier otra persona, y que ellos nada más iban pasando por ahí; la Gobernadora ya salió a aclarar que saldrán a acatar la recomendación de la CEDH, y que el otrora victimario es ahora víctima.

Es decir, hay que reparar integralmente las dolencias médicas, psicológicas causadas al ciudadano, dignificarlo a través de la aceptación de la recomendación, y desde luego construir las herramientas para no causarle más molestias posteriores, todo lo anterior a costa del erario, claramente.

Es claro que no nos oponemos a que el Estado salga a resarcir daños e implemente políticas restaurativas ante las molestias y daños causados por sus acciones y omisiones. A lo que sí nos oponemos es que estas medidas sean selectivas y se utilicen como una moneda de cambio por viejos favores políticos dictados desde Palacio de Gobierno.

Lo anterior por mero respeto a las que sí son víctimas del Estado, aquellas y aquellos a los que el Estado realmente les falló, a los que han perdido derechos, bienes, garantías o hasta la vida misma.

Mientras tanto el César se sigue paseando por su Palacio, todavía con brazalete, pero ahora lo hace en condición de “víctima del Estado”.