
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Congreso capitalino aprobó la creación de una comisión especial para investigar los actos de violencia cometidos el 15 de noviembre, durante la marcha de la Generación Z en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La confrontación entre policías y manifestantes, que incluyó golpes, pedradas y vallas derribadas a las puertas del Palacio Nacional, dejó al menos 120 personas lesionadas y 40 detenidos.
De acuerdo con el reporte oficial, 60 policías resultaron con heridas menores y 40 fueron trasladados a un hospital —36 de ellos por contusiones—, mientras que 20 ciudadanos fueron reconocidos como lesionados.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, expresó su respaldo a los oficiales, aunque este medio documentó actos en los que grupos de policías golpearon y arrastraron a manifestantes e incluso a ciudadanos que no participaban en la protesta.
La nueva comisión especial dará seguimiento a las indagatorias de las autoridades competentes sobre los actos de violencia y el operativo policial implementado.
Las investigaciones incluyen el esclarecimiento de quién o quiénes ordenaron las acciones violentas; las medidas de contención o el uso de la fuerza aplicadas durante los hechos; así como la forma de organización y la identidad de los posibles responsables de la actuación del Bloque Negro.
Por su parte, el Congreso capitalino se comprometió a actuar con estricta observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, respeto de los derechos humanos y presunción de inocencia. Además, presentará al pleno de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) el avance de sus trabajos.
Algunos de los integrantes de la comisión son la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Morena); el diputado Manuel Talayero Pariente (PVEM); y el diputado Andrés Atayde Rubiolo (PAN).
"Fuera Morena" y "Estado, corrupto, por tu culpa estoy de luto" fueron algunas de las consignas que se escuchaban en la manifestación del 15 de noviembre en el Zócalo, donde alrededor de 17 mil personas protestaron contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo hace poco más de un año.
La manifestación fue convocada originalmente por la Generación Z, aunque posteriormente fue alentada por partidos de oposición, lo que terminó reuniendo a más críticos del gobierno que a jóvenes molestos por la violencia que atraviesa el país.
Sheinbaum denunció que la marcha fue manipulada y orquestada desde la derecha internacional y mediante la utilización de “bots”.
Entre los manifestantes habían integrantes del Bloque Negro y personas que portaban sombreros y playeras blancas en alusión al alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo.
La marcha ocurrió luego de otras manifestaciones similares en países como Perú y Nepal; esta última dejó 72 muertos y ocasionó la renuncia de un primer ministro.
En México, la protesta no dejó muertos, aunque sí decenas de heridos. En los pronunciamientos del Gobierno capitalino, las autoridades insistieron en la cantidad de oficiales heridos. Sin embargo, solo después del cuestionamiento directo de reporteros, reconocieron que otros 20 ciudadanos también resultaron lesionados.
Vázquez aseguró que los ciudadanos presentaron “heridas menores”, a pesar de que en redes sociales abundaron videos y fotografías que mostraban a personas con heridas abiertas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.
Además, informó que 20 personas fueron presentadas al Ministerio Público y otras 20 remitidas por faltas administrativas, aunque evitó referirse a la violencia con la que se registraron estas detenciones.
Las agresiones de elementos policiales contra manifestantes, tuvieron poco eco al inicio, aunque, con el pasar de los días, motivaron varias quejas que hoy investiga la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Proceso documentó casos de personas de la tercera edad gaseadas con sustancias irritantes por las autoridades; madres de familia que aseguraron haber sido víctimas de amenazas y golpes de uniformados, así como jóvenes que fueron interceptados y derribados por más de cinco elementos.
Los policías utilizaron sus escudos para golpear a asistentes y, en algunos casos, despojaron de pertenencias a ciudadanos.
Tanto Vázquez como el secretario de Gobierno, César Cravioto, calificaron el operativo policial como “ejemplar” y aseguraron que se trató únicamente de “contención”.
Sin embargo, dos integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que solicitaron mantener su nombre bajo anonimato, confirmaron a este medio que se les indicó que podían “defenderse ante la provocación”, lo que, según el testimonio, modificó la manera en que actuaron frente al contingente y marcó una diferencia respecto a operativos anteriores.
Con información de: Proceso.