Organizaciones exigen justicia por incendio de 2023 ocurrido en el INM de Ciudad Juárez

IUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto de la conmemoración  del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones que representan a deudos y víctimas sobrevivientes del incendio de la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, alertaron que mientras no haya justicia real en ese caso ni un reconocimiento y atención real a familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes, la Cuarta Transformación no podrá presumir que en México se respetan los derechos humanos. 

En un comunicado firmado por Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y de Derecho (FJEDD)y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), recordaron que a cuatro meses de cumplirse un año más del incendio que cobró la vida de 40 personas, lesiones en 27 hombres y daños psicológicos en 15 mujeres, la deuda con las víctimas sigue vigente. 

Recordaron que, en materia penal, continúan abiertas investigaciones y procesos penales contra once personas el INM, la empresa de seguridad privada y las personas de seguridad privada. 

Sobre la disculpa pública del ex comisionado, Francisco Garduño Yáñez, llevada a cabo en septiembre pasado, las organizaciones firmantes calificaron como un “avance” pero que “está limitado dentro del cumplimiento parcial de las medidas de reparación, ordenadas por el juez para que continúe la suspensión de su proceso penal”.  

Al lamentar que el juez de la causa dejara en manos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la organización del evento, a petición del ex comisionado del INM, consideraron que ello “envía un mensaje equivocado de que el Estado carga con responsabilidades de particulares”, en este caso de Garduño Yáñez.  

Las representantes de las víctimas destacaron que para Garduño “continúa pendiente la obligación de garantizar la reparación integral a los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes, en su calidad de imputado y no a cargo del Estado”, medidas que serán sometidas a revisión en septiembre de 2026.  

A ese proceso se suma la resolución de un amparo “interpuesto tras la decisión judicial de otorgarle la suspensión condicional del proceso” al ex funcionario federal, quien fue acusado únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a los demás procesados se les fincaron procesos por los delitos de “homicidios y lesiones, lo cual evidencia las desigualdades del acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas”.  

A ese proceso se suma una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se encuentra en etapa inicial y a la que están integradas sólo una parte de las víctimas, quienes se encuentran en espera de una respuesta formal del INM 

Las organizaciones de defensa de derechos humanos apuntaron que sigue pendiente la exigencia de que 15 mujeres sobrevivientes sean reconocidas como víctimas, “lo cual permitiría su participación plena en los procesos penales y el acceso a medidas de reparación del daño, incluyendo apoyo psicológico, atención médica y compensación económica”. 

Al insistir en que todas las víctimas sobrevivientes tendrían que acceder a una reparación integral, las organizaciones lamentaron que aún no se haya dado cumplimiento a la recomendación 111VG/23 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigidas a la secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y en su momento al entonces comisionado del INM, Francisco Garduño, de la que “no conocemos avances de la implementación, ni existen indicios de informar al respecto, a pesar de haberse solicitado formalmente por los representantes de las víctimas”.  

Tras señalar que el Día Internacional de los Derechos Humanos, “aún hay responsabilidades pendientes del Estado en el caso”, las organizaciones advirtieron que “cada paso es indispensable para dignificar a las víctimas y para que una tragedia como la de Ciudad Juárez no vuelva a ocurrir. Ninguna persona independientemente de su nacionalidad, debe morir por buscar mejores condiciones de vida, mucho menos por no abrirles la puerta”, como ocurrió con los 40 migrantes fallecidos. 

Con información de Proceso.