ISN al 4 %: la decisión que pone a prueba al empleo, la salud y el gasto público en Chihuahua

El incremento de la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 % al 4 %, aprobado para los ejercicios fiscales 2026 y 2027, ha generado un debate relevante en el estado de Chihuahua por sus implicaciones económicas, laborales y sociales. La reforma forma parte del Paquete Económico 2026, cuyo objetivo es fortalecer las finanzas públicas estatales ante mayores necesidades de gasto en infraestructura, seguridad, salud y desarrollo social.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el ISN es una de las principales fuentes de ingresos propios del estado. Con la tasa del 3 %, la recaudación anual ronda los 7 252 millones de pesos con el incremento aprobado, se estima alcanzar alrededor de 8 742 millones. Desde la perspectiva gubernamental, el aumento se justifica como una medida necesaria para financiar programas públicos, atender rezagos históricos y sostener inversión productiva, bajo el compromiso de que los recursos no se destinen a gasto burocrático, sino a rubros prioritarios.

Quienes respaldan la reforma argumentan que, ante mayores responsabilidades estatales y una percepción de insuficiencia en los recursos federales transferidos, resulta legítimo fortalecer la recaudación local. En este sentido, el ISN se concibe como una herramienta para dar viabilidad financiera a proyectos de largo plazo y reducir presiones presupuestales futuras, especialmente en sectores sensibles como la salud y la infraestructura.

Sin embargo, también existen posturas críticas que advierten posibles efectos adversos. Desde sectores empresariales y legislativos se ha señalado que elevar la carga fiscal sobre la nómina implica un aumento directo en los costos de contratación, lo que puede afectar la competitividad del estado frente a otras entidades. El impacto podría ser mayor en las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran una parte significativa del empleo formal y operan con márgenes más limitados.

Las cámaras empresariales han tenido un papel central en el debate. Organismos como CANACO Chihuahua, el Consejo Coordinador Empresarial, CANACINTRA e INDEX han coincidido en que el incremento del ISN representa un aumento real del 33 % en el costo fiscal asociado a la nómina. Han advertido que esto puede desincentivar la contratación formal, afectar la viabilidad de pequeñas y medianas empresas y generar presión para contener salarios o posponer nuevas plazas. Asimismo, han insistido en que antes de aumentar impuestos debería revisarse de manera exhaustiva el gasto público, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar claridad sobre el destino de los recursos recaudados.

Desde una visión política crítica, expresada por fuerzas de oposición sin identificar siglas, se ha cuestionado si el aumento de impuestos era la primera vía adecuada, señalando la necesidad de evaluar previamente la eficiencia del gasto y el uso de los recursos disponibles. También se ha puesto en duda que la situación financiera del estado haga estrictamente indispensable el incremento, considerando que las participaciones federales no han disminuido en la proporción que se argumenta.

Desde mi trinchera personal, reconozco que ambas posturas parten de preocupaciones legítimas. Es comprensible que el Estado busque suficiencia presupuestal para cumplir sus funciones, sin embargo, considero fundamental que antes de incrementar la carga fiscal sobre el empleo formal, se priorice de manera constante la optimización, transparencia y eficiencia del gasto público.

Mi principal preocupación es el impacto potencial sobre el empleo formal, que en Chihuahua ha mostrado avances importantes y constituye un pilar de estabilidad social. El empleo formal no solo genera ingresos, sino que garantiza acceso a seguridad social, servicios de salud y derechos laborales. Cualquier medida que encarezca la contratación debe evaluarse con cautela, pues una desaceleración en la creación de empleo formal puede traducirse en informalidad y mayor presión sobre los servicios públicos.

Una vez aprobado el incremento del ISN, el debate debe trasladarse de la confrontación a la exigencia de resultados. Es indispensable que el Estado cumpla con la transparencia prometida y que los recursos adicionales se reflejen en generación de empleo mediante obra pública y en mejoras reales en sectores críticos, particularmente la salud, históricamente afectada por la insuficiencia de apoyos federales pese a la alta aportación económica del estado.

Ahorita lo que no corresponde es vigilar, evaluar y exigir que los millones de pesos recaudados se traduzcan en mejores servicios, infraestructura funcional y condiciones que fortalezcan y no debiliten el mercado laboral formal. Hoy, más que discutir si el incremento debía aprobarse, el verdadero reto es que lo prometido se cumpla y que su impacto sea positivo y verificable para la población chihuahuense.