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No fue una sorpresa, fue una confirmación, la vía corta a Parral cerró el año no con operativos, ni con detenciones, ni con resultados, sino con familias despojadas de sus vehículos a plena luz del día. 

Exactamente lo contrario a lo que se supone debe garantizar el Estado.

Días antes, la Fiscalía General del Estado habría emitido un mensaje dirigido a paisanos y viajeros que regresan de Estados Unidos durante la temporada decembrina: eviten circular por esta carretera, sobre todo de noche. 

El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.

Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante. 

Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.

Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono. 

¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?

Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven. 

A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.

Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.

Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.