Asesinan a 336 policías en el año; Sinaloa desplaza a Guanajuato como el estado más letal para agentes
A lo largo de 2025, al menos 336 policías fueron asesinados en México. Sinaloa es el estado más mortífero para los agentes de seguridad, tras dos años consecutivos en los que Guanajuato encabezó la lista.
Entre el 1 de enero y el 18 de diciembre, fecha del corte más reciente del recuento realizado por la organización Causa en Común, se registraron 336 policías víctimas de homicidio en el país, lo que representa, en promedio, uno por día y un 8 % más que los contabilizados en el mismo periodo de 2024.
El año pasado fueron asesinados 320 policías, por lo que, a cinco días de finalizar 2025 y considerando los casos más recientes y los que aún puedan ocurrir, el aumento interanual es de al menos 5 %.
Tras dos años en los que Guanajuato encabezó la lista —en 2023 con 60 casos y en 2024 con 61—, la entidad pasó a ocupar el tercer lugar en 2025, registrando una disminución de aproximadamente 41 % respecto al año anterior.
Por otro lado, Sinaloa ha registrado un aumento significativo en los últimos tres años, al pasar de cinco víctimas en 2023 a 16 en 2024 y 46 en 2025, lo que representa un incremento de 220 % de 2023 a 2024 y de 187 % de 2024 a 2025.
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Desde septiembre de 2024, el estado atraviesa una crisis de seguridad derivada de las disputas entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones internas del Cártel de Sinaloa.
En el contexto de vulnerabilidad y precariedad en el que se encuentran las policías locales, a inicios de noviembre, Morena y sus aliados rechazaron las propuestas de los partidos de oposición, e incluso de algunos de sus legisladores, de destinar más recursos al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad estatales y municipales el próximo año.
Tips al momento
La carretera donde manda el miedo
No fue una sorpresa, fue una confirmación, la vía corta a Parral cerró el año no con operativos, ni con detenciones, ni con resultados, sino con familias despojadas de sus vehículos a plena luz del día.
Exactamente lo contrario a lo que se supone debe garantizar el Estado.
Días antes, la Fiscalía General del Estado habría emitido un mensaje dirigido a paisanos y viajeros que regresan de Estados Unidos durante la temporada decembrina: eviten circular por esta carretera, sobre todo de noche.
El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.
Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
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La carretera donde manda el miedo
No fue una sorpresa, fue una confirmación, la vía corta a Parral cerró el año no con operativos, ni con detenciones, ni con resultados, sino con familias despojadas de sus vehículos a plena luz del día.
Exactamente lo contrario a lo que se supone debe garantizar el Estado.
Días antes, la Fiscalía General del Estado habría emitido un mensaje dirigido a paisanos y viajeros que regresan de Estados Unidos durante la temporada decembrina: eviten circular por esta carretera, sobre todo de noche.
El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.
Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
