
Documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmaron que el buque Challenge Procyon, incautado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, transportaba más de 20.9 millones de litros de combustible ilegal, el doble de los 10 millones que las autoridades federales informaron haber decomisado.
La información a la que Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) tuvo acceso, indicó que la cifra real del cargamento, importado por la empresa Intanza, se estableció a partir de un procedimiento administrativo iniciado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en noviembre. Esto implica que, al menos, la mitad del cargamento desapareció sin que se haya determinado su destino.
La revisión de documentos del pedimento de importación, donde la carga fue declarada como aditivos para aceites lubricantes para evadir impuestos, y el análisis de una muestra, determinaron que se trataba de diésel.
Según el expediente revisado por MCCI, “al convertir los 17.4 millones de kilogramos declarados en el pedimento a litros, con un factor de densidad de 0.8336 kg/L, se obtuvo un total de 20 millones 944 mil 445.77 litros de combustible”.

Foto: MCCI
La reclasificación arancelaria permitió al SAT determinar que la evasión fiscal por el total de los 20.9 millones de litros de diésel ilegal habría superado los 190 millones de pesos.
Según el SAT, se evadieron 477 mil pesos en contribuciones por cada pipa que transportaba 49 mil litros de diésel ilegal (aproximadamente 10 pesos por litro).
El 5 de mayo, un informe oficial de la Marina confirmó el conocimiento previo de las autoridades federales sobre la entrada del buque Challenge Procyon al puerto de Tamaulipas con 20 millones de litros de supuestos aditivos.
En abril, MCCI reveló que el Gobierno federal reportó únicamente la mitad del volumen incautado a la empresa Intanza durante el operativo de finales de marzo en el puerto de Tampico.
La empresa Intanza promovió múltiples amparos a raíz del aseguramiento de 5 millones 460 mil galones, equivalentes a 20 millones de litros de aditivos.
El entonces director de Administración de la ASIPONA de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, estaba asociado con los dueños de Intanza. Tras la publicación, fue destituido y posteriormente detenido en septiembre como parte de un operativo contra el tráfico ilegal de combustible en Tamaulipas, en el que estaban involucrados funcionarios de la Marina.
Este habría sido el detonante que llevó al descubrimiento de la red de huachicol fiscal que comandaban los altos funcionarios de la Marina: los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de la Semar, Rafael Ojeda Durán.
Esta habría operado durante el gobierno de AMLO cuando el exmandatario entregó la operación de las aduanas a la dependencia presumiendo su incorruptibilidad.
Las autoridades federales no se han pronunciado sobre el paradero de los más de 10 millones de litros de huachicol que faltan.
Con información de: Político.mx