Autos “chocolate” y el daño silencioso al mercado automotriz

¿Interesado en comprar un auto nuevo o usado? Existen opciones confiables y seguras dentro del mercado formal para adquirirlo. Los vehículos fabricados o importados a México bajo la responsabilidad de un distribuidor de marca garantizan autenticidad y respaldo, ofreciendo al comprador seguridad, confianza y tranquilidad al momento de adquirir su unidad.

Más allá del mercado legal, se aprobaron políticas como el decreto de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos “chocolate”. Vigente de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, este decreto estableció un proceso simplificado, sin pago de aranceles ni impuestos y mediante una tarifa única de 2,500 pesos. Su objetivo fue brindar certeza jurídica a familias mexicanas que poseían vehículos introducidos previamente de forma ilegal al país.

Los beneficios fueron claros: certeza legal, mejorar la movilidad y la calidad de vida con un bajo costo, las familias resultaron beneficiadas. En los tres años de operación del decreto se regularizaron alrededor de tres millones de vehículos en todo el país. De estos, aproximadamente 600 mil correspondieron a Chihuahua, seguido de Baja California con cerca de 500 mil unidades. Las cifras reflejan la magnitud del programa y su impacto.

No obstante, los efectos negativos no tardaron en manifestarse. El decreto debilitó la operación de la industria automotriz mexicana, erosionando el mercado formal y reduciendo las ventas de autos nacionales. La introducción y comercialización de unidades amparadas por este esquema incentivó la proliferación de lotes de autos sin controles adecuados, afectando directamente a una industria que cumple con regulaciones fiscales, laborales, ambientales y de seguridad.

La industria automotriz en México, aunque integrada por marcas extranjeras, sostiene una infraestructura productiva que posiciona al país entre los principales fabricantes de vehículos a nivel mundial. Es un sector estratégico que representa el 3% del PIB y genera empleo calificado, inversión y desarrollo regional. Así, mientras familias se beneficiaron con la regularización de su vehículo, otras resultaron afectadas por el impacto en el mercado formal: se redujo el valor de las unidades que forman parte del patrimonio familiar.

A ello se suman los costos ocultos del programa, particularmente en el ámbito ambiental. La regularización masiva incrementó las emisiones de gases de efecto invernadero, elevó el riesgo de contaminación del suelo y permitió la circulación de unidades menos seguras, sin historial confiable de mantenimiento ni revisiones técnicas. Vehículos que, en muchos casos, son obsoletos.

Bajo el argumento del beneficio social, se abrió la compuerta a una importación masiva de vehículos que no cumplen con los estándares de los tratados comerciales ni con las normativas vigentes. Al cierre del decreto, podrían quedar miles de autos fuera del marco legal en el país, lo que anticipa la presión “social” para un nuevo proceso de regularización: un ciclo que amenaza repetirse indefinidamente.

El decreto no ha pagado el costo real, simplemente lo pospuso. Hoy lo absorbe el mercado legal y mañana… desafortunadamente el medio ambiente.

Por: César de la Garza Licón

cesardelagarzalicon@gmail.com