Reforma electoral: los riesgos de una mayoría diseñada

Entre dimes y diretes, secretismo y mucha especulación, la política del país ha entrado en una fase crucial para el futuro. Mientras el gobierno de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum enfrenta arenas movedizas en el terreno internacional y una desacreditación hacia su partido, la Reforma Electoral se ha convertido en el tablero donde se negocian no solo presupuestos, sino la esencia misma de nuestra representación democrática. Lo que hemos visto esta semana (el desplante del Partido Verde (PVEM), la denominación de “Ley Maduro” del PAN nacional y las negociaciones "en lo oscurito" para aplacar al PT) no es un debate de ideas, sino una transacción de sobrevivencia.

El endurecimiento de la postura del PVEM, exigiendo un reparto equitativo de recursos, debe leerse con sospecha jurídica. Bajo el cobijo del Artículo 41 constitucional, el financiamiento público existe para garantizar la equidad en la contienda, no para ser moneda de cambio parlamentaria, ni tampoco para recibir recursos de procedencia ilícita. Que un aliado estratégico condicione una reforma de calado constitucional a la cuantía de su cuenta bancaria revela el cómo debe pensarse una reforma en materia electoral para evitar la mercantilización del voto legislativo. El Verde no defiende la democracia; defiende su cartera.

Sin embargo, el punto de mayor calado técnico radica en la institucionalización de la sobrerrepresentación. Jurídicamente, el espíritu del Artículo 54 constitucional es inequívoco: evitar que la voluntad popular sea distorsionada por mayorías artificiales. El sistema de representación proporcional nació como un escudo para las minorías y, vitalmente, para garantizar la presencia de las regiones en el centro del país. Se ha dicho antes, y lo sostengo; esta mayoría legislativa que presume MORENA fue armada con chantajes, amenazas, polémicas y sobornos.

En voces federalistas que se escuchan desde Chihuahua, atendiendo a la líder del ejecutivo, a líderes de opinión parlamentaria y a la atención a las minorías, se ha señalado que los plurinominales no son un exceso, sino una garantía de que la pluralidad de los estados no sea borrada por una aplanadora centralista. Eliminar o debilitar estas figuras bajo el argumento de la austeridad es, en realidad, un golpe a la representación de los intereses locales. Una reforma que asfixia el pluralismo territorial en favor de una "eficiencia" dictada desde la capital vulnera el pacto federal. Considero que los plurinominales si deben de entrar a debate y analizar la forma en la que estos se eligen, pero no borrarlos de las curules.

Lo más preocupante es la metodología de la aprobación. La reciente "operación privada" del Gobierno para contener la rebeldía de sus aliados sugiere que las leyes que regirán nuestras próximas décadas no están naciendo del Parlamento Abierto, sino del cuchicheo de pasillo. La gobernabilidad es deseable, pero no a costa de la pluralidad. Una mayoría calificada obtenida mediante ingeniería legislativa y acuerdos bajo la mesa carece de la legitimidad moral necesaria para transformar lo que ustedes digan y manden, pero no se pueden perder las voces opositoras en el Congreso de la Unión.

Si permitimos que el derecho electoral se convierta en un manual de procedimientos para el ejercicio del poder absoluto, el "ahorro" prometido será el costo más alto que hayamos pagado jamás. La democracia no se mide por la rapidez con la que se aprueban las leyes, sino por la fidelidad con la que el Congreso refleja a una nación que es, por naturaleza, diversa y federal.

Mañana, la pregunta no será cuántos pesos recibirá cada partido, ni si hay plurinominales o no, sino el como le hacemos para evitar que este país se convierta en un chiste legislativo.