
El gobierno de Estados Unidos, por conducto de la Representación Comercial y el Departamento de Trabajo, anunció un hito al informar sobre la conclusión de cuatro Cursos de Remediación distintos en empresas con operaciones en México, todas ellas señaladas por violaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Estos acuerdos se materializaron luego de que el Comité Laboral Interagencial para el Monitoreo y la Aplicación (ILC) recibiera quejas directas de trabajadores y sindicatos ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que sirvieron como base para invocar el mecanismo de cumplimiento. A continuación, se narran los detalles de cada uno de los casos y las medidas adoptadas para subsanar las acusaciones.
El primero en la lista fue Amphenol Optimize México, en Nogales, Sonora, dedicada a la manufactura de conectores para los sectores automotriz y aeroespacial. Los trabajadores denunciaron que la compañía había coaccionado votos durante un proceso sindical, desalentado la formación de un sindicato independiente y despedido personal como represalia por sus preferencias.
Para remediar esta situación, el Gobierno de México se aseguró de que Amphenol se comprometiera a reinstalar a nueve trabajadores con el pago total de salarios caídos y beneficios. Además, la empresa debió actualizar e implementar una declaración de neutralidad que prohíbe interferir con la actividad sindical en el lugar de trabajo, y se requirió la instalación de un mecanismo público para que los trabajadores reporten violaciones de sus derechos de manera anónima y confidencial.
Un segundo caso involucró a la empresa transportista KAMU, con sede en Tijuana, Baja California, proveedora de servicios de transporte transfronterizo y antes conocida como Liber Gennesys. Las acusaciones se centraron en el uso de intimidación, acoso y el despido de trabajadores para desincentivar su apoyo al sindicato SITRABICS. Las medidas de remediación clave estipularon que la empresa deberá reinstalar a tres trabajadores con el pago completo de sus salarios y beneficios, u ofrecerles la indemnización total según sus preferencias.
Adicionalmente, KAMU tiene que desarrollar un protocolo de acceso a las instalaciones para que el sindicato SITRABICS pueda ejercer sus funciones, expurgar los registros disciplinarios de los trabajadores represaliados e implementar una capacitación de tolerancia cero para el personal sobre su declaración de neutralidad.
El tercer caso se reportó en Alimentos Grole, en Ciudad Obregón, Sonora, planta de procesamiento de productos porcinos y avícolas. Las quejas de un grupo de trabajadores afiliados al sindicato SITIES indicaban que la empresa amenazó y despidió personal para desalentar la actividad sindical y que además había promovido un comité laboral interno alineado con la compañía. El curso de remediación obligó a Alimentos Grole a reinstalar a doce trabajadores despedidos de forma ilegal con el pago total o a pagarles la indemnización completa, según prefieran. Se ordenó la disolución del comité laboral interno alineado con la empresa, la reestructuración de la gestión de recursos humanos y relaciones laborales, y la toma de medidas disciplinarias contra el personal que violó los derechos de los trabajadores.
Finalmente, el cuarto acuerdo se alcanzó con Akwel Juárez México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fabricante de autopartes. Los trabajadores, junto al sindicato SINATAM, denunciaron que la empresa se negó a negociar un contrato colectivo con el sindicato solicitante, despidió personal por su afiliación y recurrió a amenazas y acoso. Las medidas para corregir la situación incluyeron la reinstalación de nueve trabajadores con el pago total de salarios y beneficios o el pago de la indemnización completa, de acuerdo con sus preferencias.
También se dispuso la reestructuración de la gestión de recursos humanos y relaciones laborales con acciones disciplinarias contra el personal infractor, y se estableció la obligación de implementar y capacitar anualmente a todo el personal sobre una declaración de neutralidad con una política de cero tolerancia.
En cada uno de los casos, el Gobierno de México se comprometió, entre otras acciones, a monitorear las instalaciones, impartir capacitación presencial a los trabajadores para asegurar que comprendan sus derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, e investigar de manera oportuna las denuncias anónimas o confidenciales sobre actos de interferencia o violaciones a los derechos laborales.
Con información de: El economista.